Caso Vicente: Abogados exigen prioridad a derechos de la infancia

Fecha:

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Tijuana, Baja California, 12 de mayo de 2026.-

La muerte del niño Vicente en Mexicali, tras ser dejado en un vehículo bajo temperaturas extremas, exige un juicio donde el “Interés Superior del Menor” sea el eje central, por encima de cualquier otro enfoque legal. Daniel Avitia, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, advirtió que el sistema judicial debe priorizar la vulneración del derecho a la vida, estableciendo un precedente firme ante las omisiones de cuidado que resultaron fatales.

Prioridad absoluta al interés superior de la niñez

El debate jurídico sobre el caso ha puesto en la mesa diversas perspectivas, incluyendo la de género. Sin embargo, para el gremio de abogados, la balanza debe inclinarse hacia la víctima más vulnerable: el infante. Avitia sostiene que, aunque la perspectiva de género busca proteger a sectores históricamente desfavorecidos, en este escenario específico no puede nublar la gravedad de la pérdida de una vida infantil.

“En este caso, lo que debe de imperar es la perspectiva del infante. ¿Qué derechos tenía el niño? El niño tenía derecho a la vida, que es lo que en su momento perdió”.

Un precedente contra la negligencia climática

Mexicali enfrenta veranos con temperaturas que superan los 45°C, convirtiendo a los vehículos en trampas mortales en cuestión de minutos. La relevancia de este proceso judicial radica en su capacidad para disuadir futuras negligencias. Según el especialista, el juez tiene la responsabilidad de emitir un fallo que resuene en la sociedad para evitar que la historia se repita.

“Es un tema muy delicado, muy grave, que sí tiene que dejar el juez en su momento un antecedente muy fuerte para que no ocurra de nueva cuenta”.

Responsabilidad profesional y nivel cognitivo

Un punto crítico en la investigación es el perfil de la madre, quien se desempeñaba como profesional de la salud mental y coordinaba guarderías en el sistema DIF. Para el Colegio de Abogados, este nivel académico elimina el argumento del “desconocimiento”. Se asume que una persona con dicha formación posee un raciocinio superior sobre las consecuencias de omitir el cuidado básico de un menor.

Impacto para la ciudadanía

Este caso redefine la responsabilidad civil y penal de los tutores en Baja California. La ciudadanía debe comprender que el descuido no es solo una tragedia familiar, sino un delito que será evaluado bajo el rigor de la capacidad intelectual y profesional del cuidador, especialmente en zonas de alto riesgo climático.

Próximos pasos

Se espera que la fiscalía integre las pruebas sobre la formación profesional de la imputada para fortalecer la acusación. El Poder Judicial deberá decidir si el nivel de conciencia sobre el riesgo es un agravante determinante en la sentencia final.

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