Tijuana, Baja California, 13 de abril de 2026.- La Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” calificó como una vulneración a los principios esenciales del derecho la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar los bloqueos de cuentas bancarias realizados por la UIF sin orden judicial previa. Según el organismo, esta medida deja a los ciudadanos en un estado de indefensión inmediata.
Incertidumbre y vulnerabilidad frente al Estado
La Lic. Estefanía Campos García, presidenta de la Barra, explicó que la resolución coloca a cualquier persona en una situación de incertidumbre. El efecto práctico es la imposibilidad de utilizar recursos económicos propios sin que exista una sentencia o siquiera una revisión de un juez que justifique la urgencia o necesidad de la medida cautelar.
“Es fundamental decirlo con claridad: esta decisión implica la restricción de derechos antes de que exista un debido proceso. El bloqueo de cuentas significa que una persona no podrá acceder ni disponer de sus propios recursos sin haber sido previamente escuchada por una autoridad judicial”, declaró la representante legal.
Debilitamiento de la presunción de inocencia
Desde el punto de vista técnico-jurídico, el gremio tijuanense sostiene que estas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debilitan la presunción de inocencia. Al congelar activos sin un procedimiento de defensa previo, la autoridad actúa bajo una premisa de culpabilidad administrativa que el ciudadano debe desvirtuar posteriormente, pero ya con el daño patrimonial causado.
La Barra de Abogadas señaló que esta limitación al patrimonio se ejecuta sin que el afectado tenga la oportunidad de ser escuchado, lo que contraviene garantías constitucionales básicas. La ausencia de un control por parte del poder judicial antes de la ejecución del bloqueo es lo que más preocupa a los expertos en leyes de la región.
Riesgos de la discrecionalidad administrativa
La presidenta de la asociación advirtió que la flexibilización de los estándares para aplicar estas sanciones financieras es preocupante. Al pasar de requerir pruebas sólidas a conformarse con meros indicios, la discrecionalidad de los funcionarios federales aumenta, elevando el riesgo de bloqueos injustificados o basados en interpretaciones erróneas.
“La ausencia de control judicial previo permite que restricciones se basen en actos administrativos no sometidos a escrutinio jurisdiccional. El efecto es claro: una persona puede quedarse sin acceso a sus cuentas bancarias de forma inmediata, colocándola en una situación de vulnerabilidad”, concluyó Campos García.
Panorama legal en Baja California
Se anticipa que esta medida tendrá un impacto significativo en la actividad empresarial y civil en Tijuana y el resto de Baja California. Los abogados locales ya se preparan para asesorar a quienes resulten afectados por estas medidas administrativas, mientras se monitorea cómo la UIF comenzará a ejercer estas nuevas facultades validadas por el máximo tribunal del país.
