Tijuana, Baja California, 24 de marzo de 2026.- El fenómeno de un presunto cártel inmobiliario dedicado al fraude y despojo de propiedades en Baja California es una realidad que el Poder Judicial no puede negar, aunque acreditarlo legalmente resulta sumamente complejo. Juan Hurtado Díaz, juez décimo segundo especializado en juicios hipotecarios, señaló que la estructura actual de los tribunales civiles limita la capacidad de los juzgadores para detectar irregularidades de fondo en los contratos presentados.
El vacío en la labor de investigación
El juez explicó que los tribunales civiles en el estado no poseen facultades de investigación, por lo que su función se restringe estrictamente a analizar que las demandas cumplan con los requisitos de forma. “Nosotros obramos de buena fe, no somos investigadores; te presentan una demanda con un contrato de compraventa y, si cumple los requisitos, le damos entrada”, precisó el funcionario judicial sobre la operatividad de los juzgados.
Requisitos que validan los despojos
Hurtado Díaz detalló que para que una demanda de propiedad sea admitida, basta con presentar el contrato de compraventa, el certificado de inscripción y el levantamiento topográfico correspondiente. Al cumplir con estos documentos técnicos, el juez está obligado por ley a iniciar el proceso, sin tener la posibilidad de indagar si el origen del documento es lícito o si las firmas fueron obtenidas bajo engaños o falsificación.
El papel de los fedatarios y funcionarios
Sobre las acusaciones que señalan complicidad de autoridades, el juez subrayó que es difícil determinar la participación dolosa de notarios o funcionarios, ya que todos operan bajo la presunción de legalidad. “Es complicado decir si los funcionarios o el notario están participando, porque somos fedatarios públicos y obramos de buena fe; ese es el gran detalle”, afirmó, destacando que el problema real ocurre en las circunstancias previas a que el caso llegue al escritorio de un juez.
Impacto y seguimiento para la ciudadanía
Esta situación deja en un estado de vulnerabilidad a los propietarios legítimos en ciudades como Tijuana y Playas de Rosarito, donde el valor de la tierra ha disparado los intentos de despojo. El reto para el sistema de justicia en Baja California será implementar mecanismos de verificación más estrictos que permitan identificar patrones de fraude inmobiliario antes de que las sentencias de despojo sean ejecutadas, protegiendo así el patrimonio de las familias bajacalifornianas.
