Tijuana, Baja California, 4 de marzo de 2026.-En Tijuana, el sector empresarial representado por Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, señaló que la nueva estrategia nacional contra la extorsión solo será efectiva si las autoridades garantizan su aplicación real. La relevancia de este pronunciamiento radica en la transición de un marco legal estático a uno que obliga a la persecución de oficio, buscando romper el ciclo de impunidad que afecta al comercio organizado.
El desafío de la ejecución legal
Para el dirigente empresarial, el sistema jurídico mexicano ha dado un paso importante con las reformas recientes; sin embargo, enfatizó que el marco legal por sí solo no resuelve la crisis de inseguridad. La preocupación central radica en que la estructura institucional sea capaz de procesar las denuncias y ejecutar las sanciones previstas.
Mecanismos de protección al denunciante
Uno de los pilares de este nuevo marco es la incorporación del anonimato y la persecución de oficio. De la Torre explicó que anteriormente el ciudadano se enfrentaba a un riesgo mortal al intentar señalar a los criminales. Bajo el esquema actual, la autoridad tiene la responsabilidad legal de actuar incluso sin una acusación formal presencial.
“El problema de México no son las leyes, el problema de México es que las leyes no se cumplen. Entonces lo que tenemos que hacer es que se ejecuten”.
Sanciones severas contra la colusión
La reforma no solo endurece las penas para los grupos criminales, sino que pone especial énfasis en el castigo a servidores públicos que colaboren con la delincuencia. Esta modificación en la tipificación del delito busca sanear las instituciones desde el interior para permitir que la estrategia de seguridad avance con transparencia.
Impacto futuro del nuevo marco
El éxito de esta transición legislativa se medirá por la reducción de la cifra negra y la capacidad del Estado para proteger a las víctimas. Si la ejecución es constante, se espera que el sector empresarial pueda operar en un entorno de mayor certeza jurídica y seguridad personal.
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