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Certificar Talleres Mecánicos sería un instrumento para mejorar la calidad del aire en Tijuana

by Redacción tijuanaenlinea

La certificación de talleres mecánicos sería un instrumento para mejorar la calidad del aire en Tijuana, porque hoy el Programa de Verificación Vehicular Ambiental (PVVA) no es acompañado de una estrategia para reparar los carros que no pasan esta verificación.

Así lo expresó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que deben repararse los autos para estar en condiciones aceptables y que sólo contaminen en los niveles previstos por la ley, es decir, solo como resultado de la combustión de diesel, gasolina, gas LP y, pronto, gas natural.

“Para cuantificar el impacto de la verificación vehicular es necesario reparar los carros que no pasan la norma, de lo contrario, solo estamos haciendo estadística, una estadística que si bien es valiosa, no contribuye por sí misma a mejorar la calidad del aire, por eso dar el siguiente paso implicaría certificar talleres mecánicos”, explicó.

Zavala Álvarez agregó que para esto serviría retomar un viejo proyecto impulsado por la Asociación Ambiental Automotriz (AAA) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), porque para dar certidumbre a los usuarios se necesitan talleres mecánicos confiables, que no solo cumplan con normas ambientales y municipales, sino de protección al consumidor.

“Deben ser negocios formales que garanticen la reparación para que el carro pase la verificación; considerar precios justos debe ser prioritario para que las reparaciones sean accesibles, esto se puede con una alianza entre los miembros de la AAA y la Canaco, para descuentos en catalizadores, autopartes, bujías y que así los talleres abaraten costos”, dijo.

Añadió que entre los múltiples beneficios colaterales, esto evitaría que los residuos peligrosos de talleres mecánicos se mezclen con la basura común, como hoy ocurre con los envases de fluidos automotrices, como aceite de motor o para la transmisión, líquido de frenos y anticongelantes, que se mezclan y causan un daño a la salud y al medio ambiente.

“Los residuos peligrosos no son basura, deben separarse porque se reproducen promiscuamente con los residuos sólidos urbanos; al mezclarse con más líquidos, los residuos peligrosos llegan a la tierra, a mantos freáticos, ríos y cañones, contaminando todo a su paso, hasta llegar al mar, donde dañan especies y ecosistemas”, explicó.

Recordó que recién el pasado 27 de enero la Canaco y la Dirección de Protección al Ambiente (DPA) de Tijuana firmaron un convenio que reactivó el programa Comercio Ecológico Confiable (CEC), con el cual ambas partes buscan facilitar que los comerciantes ejerzan sus actividades con apego a la legislación y normatividad ambiental municipal.

“Esto es buena señal, porque recién arranca la administración y no reinventaron, le dieron seguimiento al programa que Canaco impulsa desde hace varias administraciones municipales, siendo que cada gobierno municipal que llega tiene la tentación de poner su huella y esto se convierte en un volver a empezar”, consideró el director del CIGA.

Agregó que hoy la expectativa es articular ese programa con el gobierno estatal y aunque otros intentos no lo han logrado, hay esperanza, porque ya existe un trabajo conjunto y un protocolo de certificación elaborado en la Secretaría de Protección al Ambiente del estado, en estrecha colaboración con la DPA de Tijuana y articulado con el programa CEC.

“Junto a la verificación y la reparación, deben usarse mejores combustibles, convenciendo a las flotillas de transporte público y abriendo opciones rentables para usar combustibles menos contaminantes; ya se ofrece gas LP para uso vehicular, pero debe ampliarse la oferta para que el transporte use gas natural comprimido”, recalcó José Carmelo Zavala.

Finalmente, reiteró que el PVVA del gobierno estatal logró un lento arraigo y aceptación, pero hoy debe acompañarse para que se traduzca realmente en un aire sano en beneficio de la salud pública, pues el artículo cuarto de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

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