Tijuana B.C. 3 de Diciembre de 2015.- La participación social de las personas con discapacidad es una realidad aceptada gradualmente por la sociedad, sin embargo aún existen condiciones de discriminación, aislamiento e inseguridad que son consecuencia de concepciones culturales y sociales sobre la persona con discapacidad.
Entender este fenómeno, obliga a considerar los primeros años de la humanidad, donde se consideraba que no valía la pena vivir una vida con discapacidad, pues las personas que la sufrían, no podían brindar ningún tipo de aportación a la sociedad, por este motivo era frecuente la práctica del infanticidio.
Así lo expresa el Dr. Francisco Alvarado García, coordinador de Programas de Inclusión de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien destaca los avances sociales y científicos, siendo hasta finales del siglo pasado cuando se concibe a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, capaz de tomar decisiones sobre su vida.
Por su parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define qué se entiende por discriminación y norma las posibles conductas discriminatorias que pudieran impedir el ejercicio de los derechos humanos tales como la educación.
En este contexto y bajo el reconocimiento de que la inclusión educativa se viene dando prioritariamente el nivel de la Educación Básica, refiere que los subsistemas de Educación Media Superior y Superior deben abrir su oferta educativa a personas con discapacidad, generando las condiciones sociales, académicas, administrativas, arquitectónicas y de comunicación para que dichas personas ingresen, permanezcan y egresen exitosamente a sus programas, además de establecer vínculos con posibles empleadores para promover, también su inserción laboral.
“Especialmente las universidades deben orientar sus funciones: docencia, investigación, difusión y vinculación hacia la construcción de una sociedad más justa e incluyente” , afirma el Dr. Alvarado García.
Destaca que la inclusión educativa, necesita de un actuar estratégico que involucre a toda la institución y a todos sus miembros, con trabajo paralelo en procesos de sensibilización sobre la discapacidad a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto; diseñando los procedimientos e instrumentos adecuados de accesibilidad arquitectónica, garantizando que sus estudiantes puedan “estar” y “llegar” a los diversos escenarios que constituye a la institución; de accesibilidad de comunicación.
“Necesitamos que se garantice el acceso a la información de toda la comunidad a través de diferentes medios, ya sea físicos o virtuales; de formación de profesionales capaces de contribuir a la inclusión social, educativa, laboral, política y económica de personas con discapacidad; de equipamiento tecnológico; y por último, de construcción de redes que permitan unir fuerzas para ofrecer mejores condiciones educativas a las personas con discapacidad”.
En México se cuenta con pocas experiencias de inclusión de personas con discapacidad a la Educación Superior y éstas se concentran fundamentalmente en Nuevo León y en la ciudad de México.
