Tijuana, Baja California, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso este martes por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para investigar al exmandatario por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como abuso de autoridad en agravio del patrimonio estatal.
Los delitos imputados por la fiscalía
De acuerdo con el consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, la resolución del juez de control se sustenta en las irregularidades detectadas en el contrato firmado durante la administración anterior. Junto a Bonilla Valdez, otras nueve personas han sido vinculadas por su participación en el esquema financiero que pretendía comprometer recursos públicos para una planta de energía que nunca se construyó.
Medidas cautelares y plazos legales
Tras la audiencia, el juzgador impuso al exgobernador una garantía económica de 100 mil pesos como medida cautelar para continuar el proceso en libertad. Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vencerá formalmente el próximo 25 de septiembre de 2026, periodo en el que ambas partes deberán presentar pruebas adicionales.
El origen del conflicto financiero
La actual administración sostiene que el contrato con Next Energy representaba un riesgo crítico para las finanzas de Baja California. Pon Méndez cuestionó la naturaleza del proyecto al señalar que, a pesar de los argumentos de la defensa, el Estado enfrenta exigencias de cobro millonarias: “Díganme entonces por qué al Estado se le sigue exigiendo el cobro de esos 6 mil millones de pesos por un proyecto inexistente”, sentenció el funcionario.
Impacto en la administración pública
Este caso marca un precedente en la fiscalización de exfuncionarios de alto nivel en la entidad. El seguimiento jurídico determinará si existe una reparación del daño por los montos comprometidos, mientras la población de Tijuana y el resto del estado permanecen a la expectativa de cómo este proceso afectará la disponibilidad de recursos para proyectos de infraestructura vigentes.
