Tijuana, B.C., a 22 de mayo de 2026.- El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. denunció que el Poder Judicial de Baja California se mantiene en omisión al no modificar el Acuerdo General 07/2026, una polémica medida que exige cédula de especialidad, maestría o doctorado para litigar en asuntos familiares donde se involucren derechos de menores en el estado.
Contexto del conflicto por el Acuerdo 07/2026
La controversia jurídica comenzó a principios de abril, cuando el gremio de litigantes en Tijuana interpuso el primer amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con los profesionales del derecho, la norma impuesta restringe de forma desproporcionada el campo laboral en la región y centraliza los procesos judiciales en un grupo reducido de especialistas, afectando la oferta de defensa legal en los juzgados locales.
Compromisos incumplidos por la magistratura
Tras la presentación de los recursos legales, los litigantes sostuvieron diversas mesas de trabajo con los integrantes del tribunal estatal para exponer la inviabilidad de la norma. Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana A.C., explicó la postura del gremio ante la falta de respuestas:
“Asistimos como Colegio de Abogados de Tijuana, siendo punta de lanza de la exigencia de esta modificación; se comprometieron los magistrados e incluso el presidente magistrado a realizar dicha modificación para efectos de quitar esa exigencia, ya que a nivel nacional no lo contempla de esa manera”.
A pesar de que las autoridades del Poder Judicial fijaron la última semana de abril como la fecha límite para publicar los cambios acordados, las oficinas gubernamentales no han emitido actualización alguna, manteniendo la vigencia del requisito de posgrado.
Impacto en el libre ejercicio y la ciudadanía
Los representantes legales advierten que esta medida traba el dinamismo de los juzgados de Tijuana y las demarcaciones vecinas, vulnerando los derechos de la población general a una defensa accesible. El presidente del organismo enfatizó que la exigencia de un posgrado oficial para casos familiares excede el marco legal general del país.
Las agrupaciones de profesionales continuarán con las acciones legales y la presión pública para asegurar que el tribunal cumpla con la palabra empeñada. Avitia Beltrán adelantó las próximas posturas de la organización:
“Es un tema que, como ya se habló, no va a dejar de tener seguimiento y no va a haber pauta para volver a hacer posicionamientos, en el sentido de que no se violente el libre ejercicio de la profesión de todos los abogados”.
Los litigantes reiteraron que, si bien apoyan la actualización y preparación continua de los profesionistas de Baja California, esta no puede imponerse violando la legalidad ni la libertad de trabajo.
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