Tijuana, Baja California, 4 de mayo de 2026.- El delito de extorsión y el denominado “cobro de piso” en Baja California enfrentan un panorama crítico de impunidad, con una cifra negra que supera el 98 por ciento en falta de denuncias formales. Esta situación afecta de manera desproporcionada a los pequeños comerciantes y al sector informal, quienes se encuentran vulnerables ante el crecimiento sostenido de estas actividades ilícitas en la región.
Falta de coordinación gubernamental
Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), señaló que a pesar de las diversas estrategias planteadas por las autoridades para frenar este fenómeno, los resultados no han sido los esperados. El líder ciudadano atribuyó esta falla a una marcada falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido que tanto la extorsión como la violencia familiar mantengan una tendencia al avance.
Nueva vía de denuncia ciudadana
Ante el temor que impide a las víctimas acudir a las instancias tradicionales, el CCSPBC anunció la creación de una vía alterna para reportar estos delitos. Se trata del correo electrónico [email protected], una herramienta diseñada para recibir y canalizar información de manera segura hacia la Guardia Nacional. Con este mecanismo, se busca fortalecer la atención a las víctimas y reducir la brecha de impunidad que actualmente protege a los extorsionadores.
Respaldo al sector comercio
Quijano Sosa reiteró su respaldo absoluto a los empresarios y comerciantes que decidan romper el silencio. El objetivo de estas acciones es generar un ecosistema de confianza donde el denunciante se sienta protegido y acompañado por la sociedad civil organizada. Se espera que, mediante la canalización directa a fuerzas federales, se logre una respuesta más contundente contra las bandas dedicadas al cobro de piso en Tijuana y el resto del estado.
Seguimiento y expectativas
El Consejo Ciudadano dará seguimiento a los reportes recibidos a través del nuevo correo electrónico para verificar que la Guardia Nacional actúe de manera oportuna. El impacto futuro de esta iniciativa dependerá de la participación ciudadana y de la capacidad de las corporaciones para garantizar que denunciar no represente un riesgo adicional para el patrimonio o la vida de los bajacalifornianos.
