Tijuana, Baja California, 3 de abril de 2026.- El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos en Baja California se encuentra estancado en un 60%, una cifra que revela serias deficiencias en la respuesta de las instituciones estatales. Según advirtió Heriberto García, ex procurador de los derechos humanos en la entidad, esta brecha de impunidad responde a la falta de mecanismos legales que obliguen a las autoridades a acatar las resoluciones.
El reto de la obligatoriedad
Desde la creación de la Comisión Estatal en abril de 1991, el principal obstáculo ha sido la naturaleza no vinculante de sus resoluciones. Al no existir un procedimiento imperativo para hacerlas cumplir, muchas dependencias optan por ignorar los señalamientos o darles una atención superficial. García explicó que, históricamente, la figura del Ombudsperson se diseñó bajo un esquema donde la recomendación no tiene fuerza de sentencia judicial.
“Por la propia naturaleza de la figura del hombro humano, las recomendaciones que emiten estos organismos no tienen carácter vinculatorio, es decir, no hay un procedimiento imperativo para hacerla cumplir”, puntualizó el especialista. Esta situación coloca a las víctimas en un estado de vulnerabilidad, pues la resolución de su caso queda sujeta a la voluntad política del funcionario en turno.
Rotación de personal y falta de seguimiento
Otro factor crítico que impide el avance en la materia es la constante rotación de funcionarios dentro de las dependencias públicas de Tijuana y el resto del estado. Cada cambio de administración o de mandos medios representa un retroceso en los expedientes que ya cuentan con una recomendación activa, lo que genera un rezago acumulado difícil de abatir.
García subrayó que es fundamental mantener una vigilancia estrecha sobre los nuevos perfiles que llegan al servicio público. “Tenemos que estar siempre muy pendientes de que cuando lleguen tengan conocimiento de la obligación que tienen para el cumplimiento de esas recomendaciones”, señaló, enfatizando que la capacitación debe ser permanente para evitar que el desconocimiento sea una excusa para la omisión.
Impacto en la seguridad pública
El ex procurador recordó que, a pesar de la existencia de recomendaciones emblemáticas, especialmente contra cuerpos policiales, los abusos no han cesado. Sostuvo que para que exista un cambio real, las recomendaciones deben ir acompañadas de soluciones técnicas y operativas. “Considero que se tiene que hacer es, y lo voy a decir en términos coloquiales, darles el remedio y el trapito”, concluyó.
El seguimiento de estas recomendaciones será clave para determinar si las instituciones de Baja California están dispuestas a transitar hacia un modelo de respeto integral a las garantías individuales o si continuarán operando bajo esquemas que permiten la repetición de abusos.
