Tijuana, 11 de marzo de 2026.- Bernardo Valenzuela, residente de Tijuana, denunció públicamente que a casi tres meses de que un espectacular colapsara sobre su vehículo en un establecimiento Waldos, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la aseguradora han respondido por los daños y lesiones sufridas. El incidente, ocurrido el pasado 24 de diciembre, dejó su unidad —adquirida apenas ese mes— con pérdidas severas, afectando el sustento de su familia.
El origen del conflicto
El afectado relató que el siniestro ocurrió durante la víspera de Navidad, cuando la estructura metálica del comercio cayó sobre su automóvil. A pesar de haber interpuesto las denuncias correspondientes por daños en propiedad ajena y lesiones, Valenzuela asegura que el proceso legal no ha avanzado. Al acudir recientemente a las instalaciones de la FGE, recibió la noticia de que su expediente había sido archivado, situación que calificó como una profunda injusticia.
Denuncia trato irrespetuoso de funcionarios
Además de la falta de resultados legales, la víctima señaló haber recibido un trato indigno por parte de un servidor público en su última visita a la fiscalía. Según l sus declaraciones, un funcionario le respondió en tono burlesco: “Eso es lo que te arriesgas por tener ese tipo de unidades… son las consecuencias que uno a veces tiene que pagar”, minimizando el impacto del accidente basándose en el modelo de su vehículo.
Irregularidades con la aseguradora
Bernardo Valenzuela también expuso la falta de apoyo de la compañía de seguros desde el día del siniestro. Recordó que, pese a presentar dolor cervical y un estado de choque emocional, el ajustador se negó a brindarle un pase médico.
“Le pregunto al de la seguranza: ¿no me puedes dar un pase médico? Y me dijo: ¿tienes seguro? Pues vete al seguro (IMSS)”, narró el afectado, enfatizando que no ha recibido ni un pago mínimo por los perjuicios.
Impacto en el patrimonio familiar
El ciudadano reiteró que su vehículo es una herramienta de trabajo indispensable. Ante el archivo de su caso, solicita que las autoridades estatales revisen el seguimiento de su denuncia. El futuro de su patrimonio permanece incierto mientras la estructura legal y administrativa no obligue a los responsables a cubrir la reparación integral de los daños físicos y materiales.
