Tijuana, Baja California, 3 de mayo de 2026.- Los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Baja California, sumados al exhorto emitido por el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, emitieron un pronunciamiento urgente para frenar la ola de extorsiones que golpea a comerciantes y familias. La medida busca romper el ciclo de impunidad que actualmente inhibe la economía local y vulnera la paz en la región fronteriza.
La crisis que silencia al comercio tijuanaense
El panorama de seguridad en Tijuana ha alcanzado un punto crítico donde la extorsión ya no es un evento aislado, sino una amenaza sistemática contra el patrimonio. Los comités de los cinco municipios originales se han unido en un bloque sólido para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades estatales dejen de lado los discursos y pasen a las investigaciones de campo. No se trata solo de cifras; se trata de locales cerrados por miedo y de familias que ven diluirse sus ahorros bajo la presión delictiva.
“La extorsión no sólo vulnera el patrimonio de las familias bajacalifornianas, sino que también erosiona la confianza, inhibe la actividad económica y fortalece estructuras delictivas.”

Exigencia de resultados a la Fiscalía
La demanda es clara: los ciudadanos no quieren más mesas de seguridad sin resultados palpables. El exhorto se dirige específicamente a la Delegación Regional de la FGR y a las corporaciones estatales para que el combate al delito de extorsión sea prioritario. La falta de coordinación actual ha permitido que los grupos delictivos encuentren en el silencio de las víctimas su mayor aliado, lo que perpetúa un esquema de violencia que afecta directamente la calidad de vida en las colonias de Tijuana.

El papel del acompañamiento ciudadano
Ante el temor de represalias al denunciar en ventanillas oficiales, los Comités Ciudadanos se posicionan como el filtro de confianza. Su labor ahora es servir de escudo para que el empresario o el pequeño comerciante de abarrotes no se sienta desprotegido frente al sistema judicial.
“Quienes hayan sido víctimas o testigos de extorsión, en cualquiera de sus modalidades, cuentan con el acompañamiento, orientación y respaldo de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en cada municipio.”



