Tijuana, Baja California, 27 de marzo de 2026.- La reciente captura del presunto líder de un cártel inmobiliario en la región es apenas el inicio de una investigación que debe alcanzar dimensiones mucho mayores, advirtió el fiscalista Adolfo Solís Farías. De acuerdo con el especialista, en Baja California opera un “verdadero trastorno” en la tenencia de la tierra, donde redes de corrupción han permitido el despojo de predios durante las últimas tres décadas bajo un esquema de total impunidad.
Redes de corrupción en todos los niveles
Solís Farías explicó que este fenómeno, denominado “huachicol inmobiliario”, no es obra de una sola persona, sino de estructuras complejas. En estas redes participan abogados, asesores y particulares, quienes cuentan con el apoyo de funcionarios municipales e incluso de integrantes de la delincuencia organizada. “Hacen una serie de acciones para apropiarse de los predios que no les pertenecen”, detalló el fiscalista, señalando que el éxito de estos grupos se debe a que históricamente “nadie les había puesto un alto”.
Manipulación de registros y polígonos
El modus operandi de estos carteles incluye la manipulación técnica y legal de las propiedades. Según el especialista, se alteran planos y polígonos territoriales con la complicidad de autoridades, jueces y magistrados. Mediante el uso de prescripciones improcedentes y procedimientos legales indebidos, logran acreditar propiedades de forma ilícita. “Están ayudados por autoridades en todos los niveles de gobierno que en muchas ocasiones son corruptos”, sentenció Solís Farías durante su análisis del panorama estatal.
Un problema de miles de víctimas
Aunque las autoridades han vinculado al reciente detenido con cerca de 30 carpetas de investigación, el fiscalista subrayó que la cifra real de afectados es alarmante. “Eso no representa ni siquiera el 1% de los problemas que hay en Baja California; deben de ser miles de personas las que tienen el problema”, afirmó. Por ello, hizo un llamado enérgico a la Fiscalía para que no detenga las indagatorias y busque desarticular a los cuatro grandes grupos ya identificados que operan bajo este esquema de despojo.
El impacto para la ciudadanía
El seguimiento de este caso será fundamental para determinar si el gobierno estatal tiene la voluntad política de desmantelar estas mafias. El impacto futuro para la población depende de la recuperación de la certeza jurídica sobre la propiedad privada; de lo contrario, familias y empresas seguirán en riesgo de perder su patrimonio ante maniobras legales fraudulentas cobijadas por la corrupción institucional.
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