Tijuana, 17 de noviembre de 2025.- Integrantes de Coparmex presionan para que el Congreso de la Unión avance en la dictaminación de la Ley General de Castigo a la Extorsión, al advertir que la falta de un marco claro facilita abusos tanto de particulares como de autoridades.
La dirigencia nacional del organismo explicó que desde hace tres años construyen la propuesta para homologar este delito y endurecer las consecuencias económicas y penales para quienes lo cometan.
Señalaron que en varios estados la extorsión ni siquiera se perseguía, lo que generaba vacíos legales aprovechados por funcionarios y particulares para prácticas indebidas.
La homologación permitiría aplicar sanciones sin distinción entre ciudadanos y servidores públicos, quienes —según el sector empresarial— deberían enfrentar castigos más altos si incurren en estas conductas.
Coparmex también planteó la necesidad de impuestos nacionales que sustituyan gravámenes locales usados como mecanismos de presión contra las empresas.
Advirtieron que algunos gobiernos estatales han recurrido a cargas como impuestos ecológicos o de circulación, que terminan operando como formas de extorsión encubierta.
