Por Fernando Chagoyán Kaplun
Tijuana a 19 de julio de 2022.- De acuerdo al presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar, el cobro de piso en Tijuana se ejerce en distintas formas, principalmente bajo amenaza de daño físico, daño patrimonial, intimidación, presión psicológica o con amenazas.
“Es un delito que actúa silenciosamente, genera terror por parte de los delincuentes, amenazan a la misma persona, a las pertenencias y, por no sufrir, la gente calla y no tenemos qué tan grave es esta situación” Dijo Genaro de la Torre Quintanar, presidente del CCSP de Tijuana.
Los representantes de la sociedad civil organizada lamentaron que, para hacer frente a estas prácticas, se buscará agravar los delitos debido a que, en muchas ocasiones, los extorsionadores usurpan funciones que debería realizar la autoridad.
“Cuando alguien llega a cobrarte por protección, está usurpando funciones hacendarias, cuando dice que puede ser tu protector a cambio de dinero, está usurpando funciones de las fuerzas públicas, la propuesta es que se agrave no solo como extorsión, si no que vaya acompañado de otros delitos que, evidentemente se dan” Dijo Eduardo López Ruiz, consejero de CCSP de Tijuana.
El presidente del Comité Ciudadano explicó que es necesario lograr una mayor sinergia con las autoridades municipales, sobre todo para que exista una mayor proximidad social por parte de la ciudadanía.
“Que se acercaran a la ciudadanía, que haya la articulación entre los ciudadanos, sobre todo en comunicar qué está sucediendo, trabajar en conjunto en pro y a favor de los vecinos y que haya una articulación asertiva porque, si estamos divorciados con la autoridad, este delito nunca se va acabar” Dijo Genaro de la Torre Quintanar, presidente del CCSP de Tijuana.
Esta medida que busca mitigar la extorsión y el cobre de piso entre los comercios locales de Tijuana, fue presentada durante la cuadragésima segunda reunión del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, en donde participaron distintos representantes, tanto de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
