Tijuana, Baja California, 21 de marzo de 2026.- Un total de 50 familias de Playas de Rosarito recibieron este sábado las escrituras de sus propiedades, en un acto encabezado por la alcaldesa Rocío Adame Muñoz que busca abatir el rezago en la tenencia de la tierra. El evento marcó también la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para agilizar procesos legales en el municipio.
Alianza con el Gobierno Federal
La formalización del acuerdo con el INSUS, representado por su director general Víctor Rubén Guzmán Dagnino, pretende establecer mecanismos técnicos y jurídicos para facilitar que más ciudadanos obtengan sus títulos de propiedad. Esta estrategia se alinea con las políticas de ordenamiento territorial impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, representadas en el acto por el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.
Certeza jurídica para el patrimonio familiar
Durante la ceremonia, la presidenta municipal Rocío Adame destacó que la regularización de la tierra es una prioridad de su gestión para brindar estabilidad a las familias rosaritenses. “En nuestro gobierno tenemos claro que la certeza jurídica del patrimonio de las familias es fundamental para su bienestar. Hoy no solo entregamos escrituras, también consolidamos una ruta de trabajo que nos permitirá avanzar con mayor firmeza”, afirmó la munícipe.
Impacto en la zona metropolitana
El evento contó con la presencia de funcionarios clave como Luis Moreno Hernández, delegado del Registro Público de la Propiedad, y José Luis Alcalá Murillo, secretario de Gobierno Municipal. Las autoridades coincidieron en que la falta de documentos legales ha sido una problemática histórica en Playas de Rosarito, afectando el desarrollo urbano ordenado y la inversión en servicios públicos en diversas colonias.
Seguimiento y metas anuales
Tras la firma del convenio, se espera que las mesas de trabajo con ejidos y dependencias federales se intensifiquen durante el resto del año. El objetivo es que este 2026 sea un periodo clave para reducir el número de predios en situación irregular, garantizando que el crecimiento de la ciudad ocurra bajo marcos legales sólidos que beneficien el desarrollo sostenible de la región.
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