Tijuana, Baja California, 17 de julio de 2026.- La dirigencia local del Partido Acción Nacional calificó el arresto del exgobernador Ernesto Ruffo Appel como una acción con tintes políticos que sobrepasa los criterios jurídicos de la investigación. Representantes del organismo en Tijuana argumentaron que el despliegue de las fuerzas del orden público en el estado respondió a una estrategia de impacto mediático.
Despliegue de seguridad desproporcionado en la captura
El secretario general del comité municipal del PAN en Tijuana, Hassan Martín Franco Ruíz, expuso los cuestionamientos en torno al uso de los elementos de seguridad durante la detención. El representante partidista detalló que el número de unidades policiales y efectivos asignados a la diligencia resultó excesivo frente a las circunstancias del exmandatario.
La postura oficial señala que el indiciado es una persona de edad avanzada que no requería una contención táctica de alta intensidad para su conducción formal ante los tribunales penales. Los integrantes de la fuerza política local criticaron el cierre temporal de vialidades secundarias que se ordenó durante la operación de custodia en la entidad.
Coincidencia del caso judicial con el ambiente de confrontación regional
Los voceros del partido vincularon la visibilidad del operativo judicial con las disputas internas que mantienen los militantes de Morena y sus partidos aliados en la región. Franco Ruíz argumentó que la difusión del caso coincide con el periodo de reconfiguración política que atraviesan las distintas fuerzas de gobierno en el estado.
La defensa del marco institucional del estado por parte del blanquiazul se enfocó en exigir que la fiscalía mantenga el caso dentro de los cauces normativos vigentes. Señalaron que la sobreexposición de los imputados contraviene los principios de presunción de inocencia estipulados en los códigos procesales del país.
Postura formal ante tribunales y seguimiento del caso penal
El comité municipal precisó que la organización política no tiene la intención de interferir ni bloquear los procesos de investigación que desarrollen las autoridades ministeriales del estado. Explicaron que la exigencia radica en el estricto cumplimiento del debido proceso y en la presentación transparente de las pruebas en los juzgados correspondientes.
La resolución definitiva del expediente penal quedará bajo la responsabilidad exclusiva del Poder Judicial del Estado de Baja California, órgano encargado de dictaminar la validez de los cargos penales imputados. Los tribunales deberán evaluar los argumentos de la fiscalía y la defensa para resolver la situación jurídica del primer gobernador de oposición del estado.
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