Tijuana, Baja California, 26 de mayo de 2026.- Una carpeta de investigación penal permanece activa en Tijuana para esclarecer los métodos de confinamiento de la denominada “Patrulla Espiritual”. La Fiscalía General del Estado indaga los hechos a partir de recursos jurídicos promovidos por activistas de la diversidad sexual, quienes acusaron presuntas anomalías en el proceso de internamiento de un ciudadano.
Antecedente de búsqueda y localización
Los registros oficiales de la autoridad ministerial revelaron que inicialmente se contaba con un reporte vigente por la no localización de una persona. Las diligencias de búsqueda en la ciudad fronteriza permitieron constatar que el sujeto civil en cuestión se hallaba resguardado en una de las instalaciones de tratamiento de adicciones de la agrupación civil bajo escrutinio.
Qué informaron las autoridades de la Fiscalía
La titular de la institución de justicia, María Elena Andrade Ramírez, aclaró que la privación ilegal de la libertad se configura penalmente cuando un individuo padece un traslado o encierro restrictivo sin otorgar su consentimiento. A pesar de la gravedad del señalamiento público, especificó que la vigilancia administrativa y operación de los anexos locales es competencia directa de dependencias de salud y regulación civil.
Proceso jurídico sin automatismos
La Fiscal General matizó los alcances actuales de la indagatoria al precisar que el inicio de una carpeta no deriva forzosamente en la formulación de imputaciones de carácter judicial ante un juzgado penal. No obstante, remarcó de forma tajante que la corporación ministerial no suspenderá las investigaciones y llegará hasta las últimas consecuencias de los hechos denunciados en el municipio.
Próximos pasos en el caso
Las células de investigación de la Fiscalía continuarán recabando testimonios tanto de los integrantes de la agrupación como del entorno social de la persona internada. Se espera que el dictamen final clarifique las facultades de estos centros de asistencia en Tijuana, regulando los esquemas de intervención ciudadana para evitar la violación de los derechos individuales.
