Mexicali, Baja California, 20 de abril de 2026.- La diputada local Michelle Tejeda presentó un exhorto formal ante el Congreso del Estado dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar casos de desproporcionalidad en el cobro de créditos fiscales. El llamado surge tras la denuncia de una familia en Mexicali que perdió su vivienda mediante un embargo y posterior remate por una deuda de apenas 30 mil pesos, monto significativamente menor al valor comercial del inmueble.
El caso del remate en Mexicali
La legisladora de Morena expuso desde la tribuna que el incidente ha generado una alerta entre la población de Baja California. Detalló que, aunque la autoridad hacendaria posee las facultades legales para exigir el pago de contribuciones, el procedimiento aplicado en este caso resultó excesivo. “Se dio a conocer en Mexicali un caso que llamó la atención de muchas familias. El embargo de una vivienda derivado de un adeudo fiscal cercano a los 30 mil pesos, que posteriormente fue rematada en una cantidad muy por debajo del valor comercial”, explicó Tejeda.
Reformas contra el despojo patrimonial
Durante su intervención, la diputada recordó que la actual legislatura ha trabajado en modificaciones al Código Penal para combatir el despojo. Estas reformas buscan agilizar la restitución de bienes inmuebles y establecer castigos más severos cuando los delitos afecten a personas vulnerables o cuando existan servidores públicos involucrados en las irregularidades. El objetivo, según mencionó, es evitar que los procesos administrativos se conviertan en mecanismos que vulneren el derecho constitucional a la vivienda.
Exhorto a autoridades federales y estatales
El documento fue dirigido específicamente a Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT a nivel federal, y a Jesús García Castro, titular del SAT BC. Se les solicita una investigación exhaustiva sobre los criterios de ejecución de embargos en la entidad. La intención es que se implementen protocolos que garanticen que la legalidad del cobro no atente contra la justicia social ni contra la estabilidad patrimonial de las familias bajacalifornianas.
Impacto futuro y seguimiento
Tras este exhorto, se espera que las autoridades del SAT informen sobre los criterios de proporcionalidad utilizados en Baja California. El seguimiento de este tema será clave para determinar si existen redes de corrupción en los remates fiscales o si se trata de una falta de sensibilidad administrativa. La legisladora subrayó que “cuando se trata del patrimonio de las familias, la legalidad debe ir siempre acompañada de justicia”.
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