Tijuana, 16 de mayo de 2023.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, de la XXIV Legislatura, ha presentado un punto de acuerdo urgente y respetuoso para solicitar al Gobierno estatal la generación de una agenda de trabajo en coordinación con los municipios y el gobierno federal, con el objetivo de verificar que no existan instalaciones migratorias operando en condiciones similares a las del trágico incidente en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La diputada Corral hizo hincapié en que México cuenta con disposiciones migratorias y es signatario de numerosos tratados e instrumentos internacionales que reconocen los derechos de las personas migrantes. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias establece la no discriminación en el reconocimiento de derechos y obliga a los Estados a asegurar los derechos previstos para los trabajadores migratorios y sus familias.
La diputada recordó el trágico incendio ocurrido el 27 de marzo, donde perdieron la vida 39 migrantes que se encontraban bajo custodia del Instituto Nacional de Migración. Según su exposición, en ese centro de detención no se cumplían las mínimas medidas de seguridad ni se contaba con protocolos de reacción, personal capacitado, agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas. Los migrantes estaban presos con las puertas cerradas.
En ese sentido, se resalta la urgencia de informar a los 32 Congresos locales y a la opinión pública sobre el estado de otras instalaciones similares en todo el país, así como sancionar a los responsables. La diputada Corral enfatizó que es fundamental evitar que se repita una situación como la vivida en Ciudad Juárez en cualquier otra entidad de México, especialmente en Baja California.
En respuesta a esto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional emitió un exhorto para establecer una agenda de trabajo con los tres niveles de gobierno, así como acuerdos claros que permitan contar con una estrategia efectiva de prevención en Baja California y en todo el país. La intención es garantizar suficientes recursos y canales de coordinación interinstitucional para prevenir incidentes similares en cualquier instalación del gobierno federal.
Se espera que esta iniciativa genere un diálogo abierto y responsable para mejorar las condiciones en las instalaciones migratorias y garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en México.
