CEMENTERIO AMBULANTE O LAS MARCHAS PARA EVITAR LOS GASOLINAZOS Y ALZAS DE PRECIOS.
A lo largo de mi trayectoria periodística me topé con muchos casos de cuerpos abandonados en despoblado, en zonas rurales. Constituían, en sí mismos, la nota del día y los noticiarios lo explotaban a cabalidad, ya siendo medios electrónicos o en los impresos.
La era de internet, las redes sociales y la comunicación instantánea yacían aún en el Caldo Primitivo o el Big Bang: tiempos primigenios. Era del fax y del scanner.
Las llamadas eran por cobrar y las fotografías tenían que pasar por el crisol del laboratorista, del jefe de información o la junta directiva: ellos decidían lo que se publicaba o se censuraba, lo conveniente o no para la moral de la población, amén de las cuestiones éticas o legales.
Hoy puedes realizar una transmisión en vivo o habilitar el vídeo grupal y otras bondades que te permite la era de la información, sin ser miembro activo de algún medio en específico: Lo macabro se ha vuelto tan cotidiano que ya no asombra y ni siquiera motiva al morbo.
Y así, un cuerpo mutilado, seccionado en pedazos, escandalizó a la sociedad porteña, sede de mi actividad periodística. La policía era reacia en aportar o filtrar datos, —menos a un neófito recién egresado y sin experiencia en las lides del periodismo policiaco—; los compañeros que cubrían la fuente eran expertos en sus indagatorias y la cooperación entre las partes era más que evidente.
Y lo cierto era que la policía “realmente” se ponía “las pilas” para “encontrar” y presentar a los presuntos. Tal era la suerte de los indiciados que debían manifestar que no eran culpables y aportar los testimonios y dineros suficientes que avalaran la inocencia en la presunción de un delito.
Era de las penitenciarías fabricadoras de culpables a modo, porque los verdaderos responsables siempre han gozado del manto protector de la impunidad: desde el malhechor que roba los cien pesos hasta el delincuente de cuello blanco que roba millones.
Por las situaciones en las que diversos sucesos trágicos y acciones delictivas se presentaban, enraizados en la naturaleza más primitiva del hombre, evitaba engarzarme en las noticias de la nota roja, a menos que si estas llegaban —y estaban dentro de la corresponsalía—, tenía que abordarlas.
Sorprendente el hecho de acciones criminales orillados por el odio y la venganza, culposos o dolosos, víctimas de la omisión y de la acción, de la premeditación, la alevosía y ventaja, naturaleza siempre que acompaña al iter criminis y al iter victimae. Hoy cualquier acción homicida carece de sentido.
Y aquí debería entrar el papel rector de un verdadero Estado de derecho, el que se preocupa por los ciudadanos con base al contrato social antepuesto por Rosseau y Thomas Hobbes. El primero en su contrato social y, el segundo, en su Leviatán, quien desde su óptica literaria ya advertía a los ingleses de los peligros de la democracia.
Si Thomas Hobbes tiene razón es el Estado que debe proteger al hombre de otros hombres. “Homo homini lupus”, el hombre es un lobo para el hombre.
Sostiene Hobbes que el hombre, a partir de sus instintos más primitivos y de supervivencia, el egoísmo y por la ley de la selva, —la ley del más fuerte, según Calicles—, permanecería en una guerra constante de todos contra todos, incapaces de ponerse de acuerdo el uno con el otro. Estarían sí, el uno contra el otro. De la necesidad de otorgar certeza y seguridad al hombre de las acciones que otros cometan en su contra, surge el Estado.
Thomas Hobbes es más contundente al afirmar que sin un Estado o soberanía fuerte sobrevendría el caos y la autodestrucción, la anarquía, para dar paso al axioma lapidario del homo homini lupus —“el hombre es un lobo para el hombre”—. Hobbes apela y le apuesta a la instauración de una soberanía que sea respetada y obedecida por todos sin excepción.
Sin embargo, —He aquí el dilema, según Hamlet.
Actualmente el estado mexicano —conducido por las dos administraciones anteriores— ha sido rebasado y exhibido en su depauperación, en su consunción, en su debilitamiento. Si esto es una certeza venida por agentes externos que retan y combaten al Estado, algo está fallando. Si esto es a propósito, se convierte en una acción criminal que se debe perseguir con todo el peso de la ley, tal como lo afirmara en días pasados el ministro Arturo Zaldivar.
Los cadáveres en frío, literalmente congelados, exhiben la escualidez de las administraciones federales y locales, incapaces de un pronunciamiento que brinde certeza ante el dolor que persigue a los deudos, de aquellos que —en la búsqueda de sus familiares— han perdido todo, menos la esperanza.
Y como colofón de esta entrega surge la voz errante, perdida y ausente del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas quien llama a los priistas a la movilización, a los plantones y al bloqueo permanente ante la posibilidad de las alzas de precios, de los combustibles y de la energía eléctrica.
Olvida Moreno Cárdenas que fueron las alzas aprobadas por su partido, el PRI, y por la administración emanada del tricolor —que aún gobierna— los que aprobaron una serie de medidas en contra del pueblo, medidas que fueron el detonante de la irritación popular que hizo sucumbir a su partido y que la voluntad popular los despojara del poder en los comicios federales pasados.
Olvida el campechano que el pueblo en su poquedad reserva en su memoria los agravios de tal suerte que la cuerda aguanta hasta que se rompe. Espero que sea sólo un disparate y no un auténtico tiro de gracia, al falleciente régimen.
Si se cambian las leyes para permitir a un gobernador ser senador, y a un senador ser gobernador, ¿por qué no cambiar las leyes para que las acciones que lesionan la integridad del ciudadano, en sus propiedades y en su persona, sean castigadas con todo el rigor de la ley? ¿Y hacerlo en modo fast track?
El Estado debe garantizar la supervivencia, y en los últimos dos sexenios, muchos ha perecido por la inacción, la pasividad y la omisión del Estado.
Alguien debe ser el responsable.
