La política equivocada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la protección de la Vaquita marina tiene como respuesta un nuevo embargo de Estados Unidos contra la pesca en el Golfo de Baja California, embargo que pagamos todos y cuyos impactos aún son difíciles de calcular.
Décadas atrás han existido por parte de la industria atunera estadounidense fuertes intereses económicos encubiertos de ambientales y este nuevo embargo podría tenerlos también.
El embargo responde de manera enérgica contra la pesca en general y su impacto incidental en la fauna de acompañamiento, como la vaquita, pero no lo hizo con la misma contundencia contra la pesca ilegal de, por ejemplo, la totoaba, porque los buches de totoaba hacia China pasaron por Estados Unidos.
Nos trae a la memoria el embargo atunero de los ochenta, porque muchos años después de destruida la industria atunera de Ensenada, fueron evidentes y reconocidos los intereses económicos disfrazados de ambientales; la industria atunera americana sigue patrocinando a grupos “ambientales” internacionales en defensa de su mercado interno.
En cuanto al embargo, el pasado jueves, tras una demanda presentada por grupos conservacionistas, la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos ordenó al gobierno federal prohibir las importaciones de pescados y mariscos de México que son capturados con redes agalleras en las que muere atrapada la vaquita marina.
Según notas periodísticas, la prohibición de importación incluye todos los pescados y productos del mar derivados de la pesca comercial de México que utilizan redes agalleras dentro del rango de distribución de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, lo cual incluye camarón, corvina, sierra, entre otras de la región.
Según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), a mediados de 2017 quedaban menos de 30, de allí la importancia de hacer efectiva la prohibición del uso de redes agalleras que se tienden en el agua de forma indiscriminada, capturando especies, incluida la vaquita, que muere por asfixia.
La Semarnat sin una política de desarrollo sostenible fracasó, no tuvo la credibilidad para construir un liderazgo; se enfocó sólo en la pesca ilegal de totoaba, la cual además patrocinó con la reintroducción y liberación de crías en el mismo ecosistema compartido con la vaquita, promoviendo indirectamente la pesca que declara combatir.
En 2015 el gobierno mexicano prohibió el uso de la mayoría de las redes de pesca en el área y de la noche a la mañana perdió su trabajo una comunidad entera de pescadores, a quienes empezó a pagar cerca de 500 dólares al mes por no salir al mar, suma que resultó ínfima y no resolvió el problema, por ser zonas con pocas oportunidades de trabajo fuera de la pesca.
Se trata de una guerra asimétrica, porque aun con los varios miles de millones de pesos de recursos fiscales invertidos -no todos con la claridad e inteligencia necesaria-, el tráfico de “buche” de totoaba resultó imparable.
Así, el gobierno mexicano, con mínimo apoyo de Estados Unidos y China, asume su derrota y la paga todo el sector pesquero del Golfo de Baja California, con un embargo que impactará desastrosamente las comunidades de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.
La Semarnat se quedó sola, porque así lo decidió; por más de 20 años los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) significaron el perímetro social mínimo, consejeros electos por siete sectores de la sociedad, quienes con sus críticas fueron los monitores de alerta temprana de conflictos socioambientales.
Hace poco más de dos años, a la Semarnat le resultaron incómodos los CCDS y decidió desmantelarlos y hoy, casi al término del sexenio, convoca a integrar un consejo sectorial ambiental; no entendió ni aprendió la lección y retrocede a una política fragmentada, parcial, en vez de avanzar hacia la transversalidad y a una política integral.
La Semarnat necesita asumirse como un protagonista; si no puede ser una Secretaría de Desarrollo Sostenible, si debe trabajar mejor en políticas públicas transversales, no sectoriales, es una triste parodia final que hoy, al término de la administración, convoque a destiempo a un consejo Consultivo Nacional sectorial de medio ambiente.
El agua de Rio Colorado es distribuida y utilizada por todos los usuarios, la mayor parte en Estados Unidos, en la cuenca alta al norte de la frontera y una fracción menor, de unos mil 850 millones de metros cúbicos al año, en la parte baja de la cuenca, en México, de modo que toda el agua tiene dueño y está distribuida.
Esta es quizá la principal razón de la modificación del ecosistema en el Alto Golfo de California, el Delta se murió; hoy se hacen esfuerzos por su recuperación, pero se alteró el ecosistema, el hábitat de la vaquita, condenándola a muerte por extinción, sentencia que ejecutan efectiva y lentamente los usuarios del agua del Río Colorado.
