Si hoy la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no mide casi nada de la extracción en los pozos oficialmente concesionados y estima que puede haber el doble de pozos clandestinos, es difícil creer que no pasará lo mismo en las cuencas superficiales, urge fortalecer la capacidad de medición porque sin medir estamos con los ojos cerrados y a la puerta del caos.
El pasado 6 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diez decretos presidenciales, mediante los cuales se eliminan zonas de veda y se crean zonas de reserva de agua en 295 cuencas del país.
Con los decretos se pasa de la veda, que no permite concesiones, a la reserva, que protege una parte del agua de la cuenca para usos urbanos y de protección al ambiente, y libera el resto para concesiones; el aprovechamiento puede ser bien o mal operado, es credibilidad lo que falta, el gobierno federal no ganó confianza en ya casi seis años.
Citando una nota publicada el 19 de junio en el diario El Universal, afirmó que empresas de los sectores industrial y de servicios subutilizan su concesión de agua, usando solo 52.48 por ciento del recurso asignado, de modo que -como ha reconocido la propia Conagua- el sistema para medir la utilización del agua es insuficiente.
La Conagua detectó que de las 6 millones 18 mil 120 lecturas al año que deben realizarse en esos sectores, solo se llevan a cabo 426 mil 586 lecturas con su programa de medición, es decir, hay 5 millones 591 mil 435 lecturas anuales de las cuales no se tienen registros reales de consumo.
La misma nota recoge datos de la Conagua para revelar que hoy apenas siete de cada 100 usuarios industriales y de servicios reportan sus consumos reales, por lo que se requiere vigilar y medir mejor los consumos de estos sectores, que muchas veces se benefician auto declarando menos consumo de agua de la que tienen concesionada.
Conagua admite no tener capacidad financiera ni recurso humano para realizar labores de toma de lecturas, pues solo cuenta con 180 servidores públicos autorizados para realizar labores de inspección, los cuales efectúan cerca de 12 mil visitas al año, es decir, solo inspecciona a 1.92 por ciento de 626 mil aprovechamientos concesionados.
Ante un panorama sin gobierno, los decretos son la puerta al caos; el agua es vital para el desarrollo, por ello sus aprovechamientos deben ser sostenibles y dirigidos profesionalmente, con visión de largo plazo, gestionados de mejor manera, haciendo de la política una herramienta que ayude a tomar mejores decisiones.
Nuestros cuerpos legislativos, con todo lo que debemos mejorar en ellos, son la entidad de gobierno para discutir, los decretos son útiles para medidas urgentes; parece abusivo usar decretos para el caso de cuencas hidrológicas y con tan poco capital político que resta al gobierno federal al cierre del sexenio; los riesgos de legislar por decreto es que quizá no falte legalidad, pero sí legitimidad.
Si la química del agua no es explosiva, la variable social sí lo es; ya al gobernador Francisco Vega de Lamadrid le pasó con la Ley Estatal del Agua y tuvo que dar marcha atrás; a Enrique Peña Nieto también le ocurrió en 2015, cuando no pasó a nivel federal la Ley General de Aguas, la llamada Ley “Korenfeld”, que tuvo un rechazo generalizado.
El agua es tema de disputas nacionales: Nuevo León contra Tamaulipas, Guerrero contra Querétaro y Hermosillo contra Ciudad Obregón, pero también internacionales entre Estados Unidos y México, como el agua del Río Bravo, del Río Colorado, del Canal Todo Americano, el drenaje del Río Nuevo en Mexicali, el drenaje de Río Tijuana.
En torno a los diez decretos, la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se mostró preocupada de que tal vez no hayan usado la mejor y más actualizada información, además de que afectaron los derechos humanos de los pueblos indígenas, al no informarlos o consultarlos ni establecer medidas para respetar su autonomía y territorio.
Otra preocupación del Cemda es que la implementación de los decretos pueda favorecer usos del agua que no necesariamente son los más sustentables o propicie que unos pocos concesionarios acaparen el recurso, dado que, en la práctica, el otorgamiento de concesiones no siempre atiende a los principios de equidad y sustentabilidad.
Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) precisó que las reservas de agua son un instrumento para proteger el caudal ecológico de las cuencas y asegurar los beneficios que los ecosistemas ofrecen a todos, por lo que las reservas no representan privatizar el recurso ni la extinción de ningún derecho al uso del agua vigente.
Por el contrario, establecen claramente volúmenes de agua que deberán quedar intactos para la biodiversidad, lo que redundará en beneficio de todos, empezando por las comunidades rurales e indígenas”, afirma el WWF en su comunicado, añadiendo que estos decretos, junto con los emitidos desde 2014, crean reservas de agua en 295 cuencas.
Según el WWF, del volumen total de agua en estas cuencas el 70 por ciento en promedio, o hasta el 93 en algunos casos, queda protegido para el ambiente y no podrá extraerse para ningún tipo de uso; el 1 por ciento se reserva para asegurar el abastecimiento por el aumento de población -al 2070- de las ciudades listadas en cada decreto.
El 29%, y solo el 3% en algunos casos, del total del agua restante es susceptible de ser concesionado por el gobierno para cualquier actividad, bajo instrumentos diferentes a las reservas y mediante los procedimientos establecidos en la legislación vigente, lo cual deberá hacerse de manera clara para tranquilidad de la sociedad.
