Hace unos días, el estado de Texas junto con otros seis estados
federativos presentaron una demanda contra el gobierno federal de
Estados Unidos con el objetivo de terminar el programa de la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
DACA, creado en 2012 por el presidente Barack Obama, ha cambiado la
vida de más de medio millón de jóvenes mexicanos que no cuentan con
estatus legal. Los mexicanos representan casi el 80% de los llamados
dreamers que llegaron a Estados Unidos cuando tenían menos de 16
años, y que en la mayoría de los casos nunca han conocido otro país.
Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos, la situación se ha complicado. Los diputados
republicanos han sido muy críticos del programa y la amenaza de una
demanda por parte del gobierno de Texas fue la razón principal que
motivó a Trump, en septiembre de 2017, a anunciar la terminación de
DACA. Desde entonces una serie de resoluciones legales no solo han
protegido el programa, sino han abierto la posibilidad de que DACA siga
creciendo si el gobierno federal no presenta mejores argumentos en su
contra.
Ante esta situación, Texas y sus aliados decidieron tomar acción,
apoyándose en el éxito que han tenido en el pasado. Hace cuatro años
mediante otra demanda, Texas logró que se cancelara una ampliación de
DACA que hubiera beneficiado a los padres de los dreamers.
La demanda actual está frente al mismo juez de ese entonces, lo que
plantea la posibilidad real de decisiones contradictorias por parte de
diferentes jueces federales en el país.
En tal caso, el futuro de DACA tendrá que ser decidido por la Corte Suprema.
Más aún, otra pregunta es ¿qué será la postura del gobierno federal en los procedimientos jurídicos actuales? Aunque Texas y los demás estados están demandando a la administración de Trump, esta última está también en contra del
programa.
Las mayores victorias que han tenido los adversarios de Trump durante
los últimos meses han ocurrido en las cortes.
Al asignar mayores recursos a la creación de “centros de defensoría” en los consulados
mexicanos, el gobierno mexicano parece haber entendido que el sitio de lucha contra la política migratoria del gobierno federal estadunidense ya no son los pasillos de Washington, sino los tribunales del país.
Sin embargo, falta mucho todavía para asegurar un seguimiento real, sobre
todo en el sistema paralelo de las cortes de inmigración. Por otra parte, aunque el tema de los dreamers ha sido poco comentado en las campañas electorales actuales en México, dependiendo de su evolución en los tribunales estadunidenses, podría volverse un asunto mayor para el próximo presidente de la República.
Finalmente, la cuestión migratoria en Estados Unidos muestra cada vez
más la politización del sistema judicial en ese país. En ausencia de una
decisión política sobre el caso de los dreamers, los proponentes de
DACA buscan jueces federales en favor de su posición mientras que sus
oponentes hacen lo mismo.
De igual manera, los migrantes que están ante tribunales de inmigración en estados republicanos pueden llegar a tener tasas de deportación varias veces mayores que en los tribunales de estados demócratas. Quizá es imposible que la justicia sea
completamente ciega, pero la situación actual vapor un camino que no es sano para la democracia estadunidense.
