Tijuana, Baja California, 15 de mayo de 2026.- El sistema tributario en México castiga el ingreso de los ciudadanos con tasas de hasta el 35% sin que exista transparencia sobre el destino final de esos recursos, denunció el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías. Ante el Colegio de Contadores Públicos, el experto señaló que la opacidad gubernamental y el costo real de la burocracia desincentivan el cumplimiento fiscal, afectando directamente la economía de las familias y el desarrollo social en la región.
Carga fiscal asfixia ingresos ciudadanos
La realidad económica para el contribuyente mexicano se traduce en una transferencia masiva de riqueza hacia el Estado que no retorna en servicios públicos de calidad. Solís Farías detalló que la estructura impositiva actual está diseñada para captar de forma agresiva el fruto del trabajo individual, dejando poco margen para el ahorro o la inversión personal. En este contexto, las personas físicas se ven obligadas a operar bajo una presión constante, donde una tercera parte de lo generado se entrega de manera inmediata a la federación.
Según explicó el fiscalista: “En promedio, para que tengan una noción, las personas físicas pagan entre 30 y 35 por ciento del Impuesto Sobre la Renta y los asalariados pagan tasas efectivas entre el 12 y el 18 por ciento según los rangos”. Esta disparidad y el nivel de recaudación colocan al ciudadano en una posición de vulnerabilidad financiera frente a un aparato gubernamental que demanda recursos de forma creciente.
Opacidad y desvío de recursos públicos
El cuestionamiento central no radica únicamente en la cantidad de dinero recaudado, sino en la “caja negra” que representa el gasto público. La falta de mecanismos de rendición de cuentas permite que conceptos como el cohecho, el peculado y la malversación de fondos sigan siendo parte del ecosistema administrativo. El ciudadano, al no percibir mejoras en su entorno inmediato, como seguridad o infraestructura, desarrolla una resistencia natural al pago de impuestos.
La crítica se extiende al uso del erario para fines estrictamente políticos. Solís Farías advirtió que gran parte de la recaudación se utiliza para campañas de imagen y promoción de funcionarios, lo que constituye un uso indebido de las aportaciones ciudadanas. El dinero que debería estar destinado a hospitales o escuelas termina, en muchos casos, financiando la carrera política de quienes ostentan el poder.
El costo oculto de la burocracia
Un punto crítico revelado por el especialista es la distorsión entre el salario nominal de un funcionario y lo que realmente le cuesta al bolsillo del contribuyente. Mientras un servidor público puede declarar un ingreso moderado, las prestaciones adicionales disparan el gasto real de forma exponencial. Estos beneficios “adyacentes” son cubiertos íntegramente por los impuestos de los trabajadores que, irónicamente, no gozan de las mismas garantías de seguridad o movilidad.
Al respecto, el abogado puntualizó: “A un servidor público dicen: gana 100 mil pesos. Sí, pero casualmente todas las comidas, todos los viajes, todos los escoltas, todas las camionetas de seguridad, todo eso se indexa al salario… un funcionario público en promedio no devenga un sueldo de 100 mil pesos, devenga un sueldo de un millón de pesos precisamente por todos los adyacentes que tiene”.
Impacto para la ciudadanía
Esta estructura genera un círculo vicioso donde el contribuyente financia lujos burocráticos mientras sus propias necesidades básicas quedan desatendidas. La percepción de injusticia fiscal frena la formalidad y reduce el poder adquisitivo de la clase media, que es la que sostiene la mayor parte de la carga tributaria en Tijuana y el resto del país.
