Tijuana, Baja California, 15 de mayo de 2026.- El congelamiento de cuentas bancarias por parte de autoridades fiscales se ha convertido en un tema crítico que vulnera las garantías constitucionales de los ciudadanos sobre sus bienes y posesiones. Especialistas advierten que la aplicación de estas medidas preventivas genera una profunda incertidumbre jurídica que afecta directamente el desarrollo de empresas e inversionistas en la región.
Garantías constitucionales bajo análisis técnico
El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Juan Carlos Loiza Hernández, señaló que de acuerdo con el marco legal del país, ninguna persona puede ser molestada en sus pertenencias, activos o posesiones sin un procedimiento judicial robusto. Sin embargo, las normativas actuales permiten que las instituciones ejecuten bloqueos de manera inmediata bajo la justificación de protección fiscal.
“Es un tema muy sensible, es un tema muy relevante que evidentemente afecta y ataca, pues, contra nuestras garantías constitucionales”, explicó el especialista en la materia. Loiza Hernández precisó que el escenario se agrava debido a que el contribuyente promedio desconoce los mecanismos de defensa oportunos frente a los actos de fiscalización masiva de las dependencias gubernamentales.
Procesos de aclaración y trazabilidad financiera
La autoridad hacendaria sustenta el bloqueo de los recursos económicos como una medida de carácter estrictamente cautelar y no como una sanción definitiva para la empresa o el ciudadano. Bajo este esquema legal, la carga de la prueba recae de forma íntegra sobre el usuario afectado, quien se ve obligado a estructurar expedientes detallados para justificar sus transacciones comerciales.
El contribuyente debe demostrar ante los auditores el origen lícito y la trazabilidad de cada una de las operaciones financieras que fueron marcadas como sospechosas o irregulares. Una vez aportadas las evidencias documentales, se puede iniciar el trámite formal para solicitar el descongelamiento de los flujos de efectivo, un proceso que suele paralizar las operaciones operativas de los negocios de forma temporal.
Plazos legales e impacto futuro para los usuarios
El principal obstáculo que enfrentan los ciudadanos radica en la complejidad técnica de las normas tributarias y el cómputo de los plazos legales para desahogar las revisiones. Si el afectado no cumple en tiempo y forma con los requerimientos de defensa, las autoridades decretan la preclusión de sus derechos, manteniendo el dinero inmovilizado por tiempo indefinido dentro de las propias instituciones bancarias.
A futuro, se espera que el sector empresarial continúe presionando por reformas legislativas que brinden mayor certeza jurídica y claridad en las reglas de operación financiera. Mientras no existan cambios sustanciales, los fondos retenidos no serán transferidos a cuentas del gobierno estatal o federal, sino que permanecerán congelados en los bancos comerciales hasta que un juez dicte una sentencia definitiva sobre el origen de los recursos.
