Tijuana.- De manera unida el sector empresarial de Baja California, lamentó la forma en que el Congreso autorizó al Gobernador la reestructuración de la deuda del estado y los proyectos APP de la desalinizadora de Rosarito y la vía en Tijuana del Aeropuerto a la Av. Internacional.
“Que quede claro, no nos oponemos a proyectos que abonen al desarrollo de nuestra región. Sin embargo, rechazamos la manera con la que el Ejecutivo y los diputados se condujeron: sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los ingresos del estado para garantizar el pago a dichos proyectos, en un momento en el que ya se enfrenta una situación claramente muy complicada”, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Gabriel Camarena Salinas.
Al presidir una conferencia de prensa donde se emitió el posicionamiento respaldado por sus homólogos del resto de los municipios, dijo que el sector empresarial considera inadmisible que se apruebe el refinanciamiento de la deuda sin que se haya socializado suficientemente.
Recordó que en diciembre pasado se acordó con el Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid crear el Consejo Consultivo Financiero para apoyar en el análisis de las finanzas públicas y construir soluciones junto con la sociedad.
Señaló que pese a ello se ha privado de la información necesaria y de la oportunidad de lograr algo significativo, por lo que queda de manifiesto que no hay voluntad.
“Por ello los organismos que integramos los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California rechazamos absoluta y categóricamente esta decisión planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso del Estado.
Exigimos a los diputados Ignacio García Dworak, Sergio Tolento, Mónica Hernández, Iraís Vázquez, María Trinidad Vaca, Alfa Peñaloza, Raúl Castañeda Pomposo, José Félix Arango, Carlos Torres del PAN y a los diputados Alejandro Arregui, Benjamín Gómez y Blanca Patricia Ríos del PRI, que estén a la altura de las circunstancias y expliquen por qué votaron de esta forma. Parece que no pueden oponerse a las solicitudes del Gobernador ¿Cuál es pues, su trabajo como diputados si no es ser el contrapeso del Ejecutivo Estatal?”, expresó.
Se exige también una respuesta, agregó, de los diputados que debieron haber votado ese día en la sesión y no lo hicieron: Claudia Agatón del PT, Job Montoya de MC, José Antonio Casas de TRANSFORMEMOS, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho del PRI y Andrés de la Rosa, Eva María Vázquez y Miguel Osuna Millán del PAN.
Camarena Salinas, mencionó que la solicitud al Gobernador es que, si de verdad su intención es cuidar la deuda del estado, le dé las herramientas al Consejo Consultivo Financiero para trabajar en el análisis y en la construcción de soluciones a los problemas financieros que enfrenta el estado.
Ya que de no ser así, la sociedad recordará ese fatídico 28 de marzo de 2019 como el día en que se decidió comprometer, por 40 años, las finanzas de Baja California.
Cabe destacar que a dicho posicionamiento se unieron también Ana Bertha Sánchez, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate; Roberto Rosas, presidente de Coparmex; José Luis Villasana, por parte de Canieti; Heriberto Villalobos, presidente de Canacope; Jorge Macías, presidente de Canaco; Gabriel Valenzuela, presidente de Cmic; Juan José Nevarez, presidente de Canaco Rosarito y Federico Serrano representando a Index.
