Playas de Rosarito, Baja California, 19 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Playas de Rosarito promueve un juicio político ante el Congreso del Estado en contra del síndico municipal, Ricardo Bejarano Núñez, tras negarse a entregar un informe técnico detallado sobre los expedientes de control de confianza de los policías evaluados por el organismo C3, una situación que las autoridades locales consideran que pone en riesgo la estabilidad de la administración pública.
Contexto del anuncio
El desacuerdo institucional escaló luego de que el Cabildo de Playas de Rosarito detectara irregularidades severas en la información disponible sobre los agentes policiacos aprobados y reprobados por el Centro de Control de Confianza (C3). Ante la falta de claridad y la negativa del órgano fiscalizador encabezado por Bejarano Núñez para rendir cuentas de manera interna, los regidores del municipio acordaron formalizar la petición directamente ante el Poder Legislativo de Baja California para forzar la transparencia en la corporación.
Qué informaron las autoridades
La alcaldesa Rocío Adame desmintió de forma categórica la postura del síndico, quien ha argumentado reiteradamente que los datos solicitados por las autoridades municipales tienen un carácter confidencial. La mandataria local enfatizó que dicha justificación carece de sustento legal cuando se trata de la coordinación interna de las autoridades gubernamentales.
“Él dice que es confidencial, pues eso no es confidencial, esas son cosas que tiene uno, como lo hicieron en las otras sindicaturas… Debemos de saber sobre todo el seguimiento si hay alguna situación ahí especial”, declaró firmemente la alcaldesa.
Adame añadió que la obligación legal y ética del funcionario es informar tanto al Cabildo como a la ciudadanía de Playas de Rosarito, precisando que este procedimiento se efectúa de manera formal en otros municipios de la Zona Costa de Baja California y que la demarcación no debe ser la excepción a las reglas de rendición de cuentas.
Impacto para la ciudadanía
La falta de acceso a los expedientes del C3 detiene el proceso de depuración policial en la región, lo que afecta directamente la certidumbre de los habitantes de la Zona Centro, Primo Tapia, Popotla y Plan Libertador respecto a los elementos encargados de su seguridad. Además del factor preventivo, la alcaldesa advirtió que la opacidad del órgano interno de control representa una amenaza financiera para las arcas públicas del municipio.
“Aquí lo preocupante es que se haga un daño patrimonial al municipio”, subrayó la presidenta municipal. Al ser cuestionada de forma directa sobre si esta situación desencadenaría un juicio político formal en contra del síndico, confirmó: “Sí, sí, probablemente… La consejería jurídica es quien estará a cargo”.
Próximos pasos
El Congreso del Estado de Baja California recibirá la petición formal del Cabildo y se convertirá en la autoridad responsable de evaluar los elementos probatorios presentados contra el funcionario. Este proceso legal permitirá al síndico Ricardo Bejarano Núñez presentar su defensa de forma oficial y aclarar las cuentas sobre los recursos humanos y materiales que se encuentran bajo investigación, mientras el proceso de depuración de la policía local de Playas de Rosarito permanece bajo el escrutinio público.
