Playas de Rosarito, Baja California, 20 de marzo de 2026.- Playas de Rosarito se convirtió en el epicentro de una transformación judicial histórica en Baja California con la inauguración del primer edificio especializado en justicia oral civil y familiar. El evento, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Rocío Adame Muñoz, marcó también el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad.
Justicia cercana en la colonia Independencia
La nueva infraestructura, ubicada estratégicamente en la colonia Independencia, albergará juzgados especializados diseñados para ofrecer una atención ágil y humana. La alcaldesa Rocío Adame destacó que la consolidación de este proyecto representa un avance significativo para acercar las instituciones a los residentes locales. “Este edificio permitirá acercar la justicia a nuestra gente y atender los temas más sensibles de manera oportuna”, expresó la mandataria municipal durante la ceremonia.
Referente nacional en oralidad
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragoso López, resaltó que Baja California es el estado pionero en implementar este sistema nacional, iniciando operaciones precisamente en Rosarito. Este modelo se basa en la oralidad y la eficiencia, buscando reducir los tiempos de respuesta en conflictos familiares y civiles, tales como custodias, divorcios o sucesiones, que impactan directamente el tejido social de la Zona Costa.
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Impacto y modernización institucional
La gobernadora Marina del Pilar señaló que este cambio normativo y arquitectónico marca un antes y un después, al consolidar una perspectiva de género y de justicia social. El edificio cuenta con espacios modernos y funcionales que dignifican la atención ciudadana. Tras el corte de listón, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones que servirán como modelo para el resto de los municipios de Baja California, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial estatal.
Se espera que la operación de este recinto agilice los procesos legales para las familias de zonas como Plan Libertador y la Zona Centro, garantizando que la resolución de conflictos sea eficiente y accesible para todos los sectores de la población.
