Por Fernando Chagoyán Kaplun
Tijuana a 14 de septiembre de 2022.- Tres días después de que desapareció el niño Kevin Yael, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una carpeta de investigación del caso y, tras un acercamiento por parte de los padres, han detectado posibles omisiones por parte de las autoridades, principalmente por la respuesta tardía para activar los protocolos de búsqueda.
El ombudsman baja californiano, Miguel Ángel Mora Marrufo, recordó que la ley establece que, para activar los protocolos de búsqueda ante la denuncia de una persona desaparecida, máxime cuando se trata de un menor de edad, no es necesario que pasen 72 horas.
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“Esa medida se quitó para todas las personas. Hoy cuando cualquier persona presenta una denuncia y manifiesta la desaparición de un familiar o un ser querido, no se requiere esperar 72 horas para activar los protocolos de búsqueda, mucho menos cuando se trata de un menor de edad y que se presume, podría ser víctima de algún tipo de delito” Dijo Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Explicó que los padres del menor, se acercaron a la CEDH para externar su preocupación ya que la alerta Amber se activó de manera tardía.
“Fue por el acercamiento de la familia quienes manifiestan una omisión en las primeras 24 horas y esas son las que van a formar parte de la investigación para acreditar la omisión por parte de las instituciones” Dijo Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Lamentó que este hecho es una muestra más de la violencia que están viviendo niñas, niños y adolescentes en Baja California, quienes están ante una mayor exposición a la inseguridad por lo que insistió en que es necesaria una mayor capacitación en las autoridades para que conozcan adecuadamente los protocolos en el caso de personas desaparecidas.
“Más que revisar el protocolo, la alerta y la ley general de desaparición forzada, tenemos que entender que estos protocolos no sirven de nada si no son aplicados, aterrizados y si los miembros de las corporaciones que están en campo no los conocen y no saben cuáles son los procedimientos y ahí se está incurriendo en una omisión por parte del estado en proteger” Finalizó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
