Por Janette De Los Reyes
Tijuana, 12 de agosto de 2022.- Tras la resolución en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió reintegrarle a Jaime Bonilla Valdés su calidad de senador de la República, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California emitió un proveído para que sea excluido de la carpeta de investigación por los delitos de peculado, coalición de servidores públicos entre otros por lo que no deberá presentarse a la audiencia de imputación el próximo lunes.
En entrevista, Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del TSJE explicó que de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, el tribunal no puede llamar a comparecer para imputarle algún delito a Jaime Bonilla Valdés porque al retornar al Senado es protegido por el fuero, además de que todavía no notifican a la totalidad de los imputados para comparecer el próximo lunes 15 de agosto.
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Aclaró que ahora será la Fiscalía General del Estado si decide continuar con la audiencia de imputación prevista para la próxima semana o espera a que estén presentes la totalidad de los coacusados, sobre todo porque por estrategia algunos fiscales prefieren esperar a que estén la totalidad de los acusados presentes y en el caso de la denuncia contra el ex gobernador y otras once personas, podrían optar por aplazar el acto.
En otro orden de ideas, aclaró que la jueza que presidió la audiencia de imputación en contra de tres ex funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid determinó la no acción penal en su contra por el delito que se les imputaban ya que, a su juicio, la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para acreditar que incurrieron en la conducta. Añadió que la FGE tiene el derecho a inconformarse con esa decisión.
El miércoles pasado se realizó la audiencia de imputación a 3 ex subsecretarios de Planeación y Finanzas, de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, por la presunta realización de 273 operaciones con 91 empresas, por un monto de 1 mil 586 millones, 150 mil 299.14 pesos, la denuncia fue presentada en noviembre de 2019 por el entonces secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano.
