Tijuana, Baja California, 16 de junio de 2026.- El sector inmobiliario de Baja California mantiene el reto de combatir los delitos patrimoniales, ya que contar con una licencia del ramo ofrece herramientas de identificación y seguimiento de los asesores, pero no garantiza por completo que una transacción comercial esté libre de fraude. La falta de obligatoriedad en el registro actual permite que personas operen al margen de la regulación oficial en la entidad.
Contexto de la regulación actual
La subsecretaria de Fomento Económico del estado, Michelle Guerrero Jaimes, explicó que este documento oficial acredita que el profesional inmobiliario posee los conocimientos legales y administrativos indispensables para ejecutar operaciones de compraventa o arrendamiento de forma adecuada. No obstante, la legislación vigente en Baja California no obliga a la totalidad de los agentes a tramitar dicha certificación, abriendo una brecha para el ejercicio informal de la actividad.
Mecanismos de certidumbre para usuarios
A pesar de las limitaciones legales de obligatoriedad, la funcionaria estatal destacó el valor preventivo del padrón oficial. Uno de los beneficios principales de la licencia es que permite identificar plenamente a los participantes en una operación y facilita el seguimiento de su actuación, un factor que aporta mayor certidumbre y respaldo a compradores, vendedores y arrendatarios dentro del mercado regional.
Alianzas para reformar la ley estatal
Ante este escenario, las autoridades de la Secretaría de Economía e Innovación trabajan de manera coordinada con las distintas asociaciones civiles del sector inmobiliario. Este esfuerzo conjunto se enfoca en una actualización integral a la ley estatal y su respectivo reglamento, con el objetivo de diseñar mecanismos que incentiven o exijan de forma estricta el registro de quienes se dedican a la intermediación de propiedades.
Próximos pasos en certeza patrimonial
El plan integral del gobierno de Baja California proyecta la creación de herramientas digitales avanzadas para blindar los procesos comerciales. La meta final es consolidar una plataforma de consulta pública donde la ciudadanía verifique tanto la vigencia de los profesionales inmobiliarios registrados como el estatus real de las propiedades que ofertan, un proyecto que se desarrollará en coordinación directa con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) para mitigar riesgos en las colonias de la región.
