Mexicali, Baja California, 28 de mayo de 2026.- Los partidos políticos de Baja California deberán capacitar obligatoriamente a sus militantes sobre los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad y diversidad sexual. La reforma a la Ley de Partidos Políticos del Estado, presentada por la diputada Michelle Tejeda, busca erradicar la marginación histórica de estos sectores en las agendas públicas y garantizar sus derechos económicos y sociales.
Partidos obligados a ampliar capacitación interna
La legislación actual en el estado limita el presupuesto y los programas de formación obligatoria de los institutos políticos a temas de educación cívica, paridad de género y erradicación de la violencia política hacia las mujeres. Aunque estos rubros se mantienen vigentes, la nueva propuesta legislativa exige modificar las fracciones del artículo 23 de la mencionada ley. Con esto, se busca que las prerrogativas públicas que reciben los partidos también se traduzcan en el diseño de políticas públicas que protejan el bolsillo, la accesibilidad y el bienestar de otros grupos tradicionalmente ignorados en los planes de gobierno.
La legisladora promovente de la iniciativa enfatizó la urgencia de transicionar de un modelo de asistencia social a uno de inclusión total en la toma de decisiones presupuestales y operativas:
“Las condiciones desfavorables que padecen niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores; personas de la diversidad sexual y otros grupos vulnerables son ampliamente evidentes, por lo que se requiere un marco jurídico que asegure mayor atención y protección”.
Presupuestos con enfoque de inclusión social
El impacto directo de esta medida en el ciudadano radica en la profesionalización de los futuros gobernantes y legisladores. Al verse forzados a estudiar las problemáticas de las comunidades vulnerables, los aspirantes a cargos de elección popular no podrán omitir estas necesidades en la creación de leyes locales, trámites gubernamentales o en la asignación del gasto público en los ayuntamientos y el gobierno estatal.
La reforma pretende incidir directamente en la cultura interna de los partidos para evitar que las candidaturas destinadas a minorías sean utilizadas únicamente como herramientas de simulación electoral o para cumplir con requisitos formales ante el Instituto Estatal Electoral. Según el documento presentado, la formación continua de los cuadros partidistas permitirá que las demandas de rampas de acceso, estímulos económicos directos o la protección de menores dejen de ser promesas de campaña y se conviertan en obligaciones técnicas.
Al respecto, la legisladora Michelle Tejeda argumentó el alcance que se busca dar a esta modificación del marco legal:
“Nuestra democracia requiere más que cuotas de género; necesita acciones determinantes que integren a todos los grupos vulnerables en la vida política y social del estado”.
Impacto para la ciudadanía
Para las familias de Baja California, esta reforma se traduce en una fiscalización indirecta del dinero público que reciben los partidos. En lugar de destinar los recursos exclusivamente a propaganda o promoción interna general, las fuerzas políticas tendrán que comprobar la inversión en instructores, talleres y manuales enfocados en atender el rezago social. El beneficio ciudadano final se percibirá cuando dichos partidos postulen perfiles verdaderamente capacitados para resolver las deficiencias del transporte público adaptable, la entrega oportuna de apoyos a la vejez o el respeto legal a las uniones y derechos de la diversidad sexual.
La iniciativa de reforma al artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California fue turnada formalmente a la comisión dictaminadora correspondiente en el Congreso Local. Durante las próximas semanas, los diputados locales deberán analizar la viabilidad técnica del texto para posteriormente someterlo a votación ante el pleno. De ser aprobada, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, obligando a los partidos a reestructurar sus planes anuales de capacitación de manera inmediata.
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