Síndica de Tijuana da seguimiento a denuncias por violencia de género

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Tijuana, Baja California, 27 de mayo de 2026.- La síndica procuradora de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas, compareció ante la Fiscalía General del Estado para revisar el estado procesal de dos denuncias interpuestas por presunta violencia política en razón de género en contra de dos personas identificadas como Viridiana “N” y Eduardo “N”.

Contexto de las denuncias locales

La funcionaria municipal acudió a las instalaciones de la representación social para verificar los avances de las carpetas de investigación correspondientes. Según detalló, el primer recurso legal fue formalizado hace aproximadamente un año, mientras que la segunda querella se interpuso hace entre cuatro y cinco meses, acumulando evidencias sobre conductas lesivas en el entorno político local de Tijuana.

Qué informaron las autoridades

Durante la diligencia jurídica, el personal de la Fiscalía estatal entregó notificaciones formales sobre el estatus de ambos expedientes. Balderas señaló que, aunque en el pasado mes de abril las autoridades competentes emitieron medidas cautelares de protección, con posterioridad detectó que los presuntos agresores continuaron realizando señalamientos públicos en su contra, incurriendo en un aparente desacato.

La síndica procuradora enfatizó que los servidores públicos tienen la obligación legal de dar vista a las instancias ministeriales correspondientes cuando consideran que existe un incumplimiento de las restricciones dictadas o se manifiestan nuevas conductas irregulares por parte de los indiciados.

Instituciones involucradas y seguimiento futuro

Para el desarrollo de estos procesos penales y electorales, se cuenta con la intervención activa de la Fiscalía del Estado, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Coordinadora de Mujeres Electas. Los pasos siguientes consistirán en el desahogo de pruebas adicionales para determinar si la persistencia de las declaraciones de Viridiana “N” y Eduardo “N” agravará su situación jurídica, buscando sentar un precedente contra el hostigamiento hacia las mujeres en funciones de gobierno.

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