Tijuana, Baja California, 25 de mayo de 2026.- La aprobación de la reforma que tipifica el dolo eventual en accidentes provocados por conductores alcoholizados o bajo el influjo de sustancias ilícitas endurecerá las sanciones penales en Baja California, eliminando los beneficios procesales que permitían a los responsables evadir la prisión preventiva.
Modificaciones al marco penal del estado
La iniciativa, aprobada por el Congreso local el pasado 21 de mayo en Mexicali, modifica de fondo la manera en que se juzgan los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. Anteriormente, estos eventos eran catalogados legalmente como delitos culposos, una clasificación que abría la puerta a medidas cautelares laxas y acuerdos reparatorios que evitaban el encarcelamiento obligatorio de los imputados durante el desarrollo del proceso judicial.
Incremento en las penas de cárcel
Con la entrada en vigor del nuevo texto legal, las personas que causen un accidente bajo estas condiciones enfrentarán cargos bajo la figura de dolo eventual. Alejandra López, impulsora de la iniciativa, detalló que la legislación contempla penas que oscilan entre los ocho y los 15 años de prisión por cada víctima que resulte lesionada o fallecida en este tipo de percances automovilísticos.
Colectivos de víctimas exigen justicia
El impulso de esta reforma surgió a raíz de casos trágicos en la entidad, como el fallecimiento de la niña Silvia Aurora el pasado 12 de agosto de 2025. Alejandra López, madre de la menor, señaló que la reforma representa un avance significativo, aunque aclaró que no tendrá un carácter retroactivo. “Al menos 11 familias afectadas por hechos similares se han unido para exigir justicia, ya que varias aún enfrentan procesos judiciales inconclusos tras años de espera”, expuso López.
Impacto futuro para la población
La aplicación de la reforma modificará los procedimientos judiciales en los municipios de Tijuana, Mexicali y el resto del estado para todos los incidentes que ocurran de manera posterior a su publicación oficial. Las familias afectadas hicieron un llamado público a la gobernadora de Baja California para revisar de manera detallada los expedientes y casos ocurridos antes de esta reforma, debido a que numerosas víctimas continúan en el desamparo legal por tragedias viales inconclusas.
