Tijuana, Baja California, 24 de mayo de 2026.- Las complicaciones técnicas y operativas del Instituto Nacional Electoral forzaron una propuesta de modificación para postergar la elección de magistrados y jueces hasta el año 2028. Juristas en Baja California consideran que la prórroga es una consecuencia directa del diseño apresurado de la legislación previa.
Incapacidad técnica del órgano electoral
La organización de un proceso electoral que convoque a la ciudadanía a votar por cientos de perfiles jurídicos de forma simultánea con las elecciones tradicionales representaba un reto inédito. El financiamiento, la impresión de materiales especializados y la fiscalización de campañas fueron los principales focos de alarma.
Estefanía Campos García, presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, indicó que la iniciativa para aplazar la elección judicial hasta 2028 responde a limitaciones operativas del Instituto Nacional Electoral, que ha advertido dificultades para organizar de forma simultánea procesos de los tres poderes. Esta pausa técnica obligará a replantear la logística nacional.
Deficiencias heredadas de la ley de 2024
El gremio de litigantes de Tijuana recordó que las observaciones presentadas ante las comisiones legislativas del Congreso de la Unión fueron ignoradas durante la primera etapa de la discusión parlamentaria. La urgencia política desplazó la rigurosidad técnica necesaria para resguardar la impartición de justicia.
Desde barras y colegios de profesionales del derecho se advirtieron a tiempo diversas deficiencias relacionadas de forma directa con la autonomía judicial, la desaparición total de la carrera judicial tradicional y la falta de filtros adecuados para la selección de candidatos, según detalló la especialista Campos García.
Riesgos para el Estado de Derecho ciudadano
La desarticulación de los escalafones profesionales de la Escuela Judicial propició un escenario de incertidumbre en los juzgados del estado. La falta de años de servicio y de especialización en secretarías de acuerdos debilita la calidad de las sentencias que reciben los bajacalifornianos en temas de alto impacto económico y social.
Campos García añadió que uno de los principales problemas de la reforma de 2024 fue permitir la llegada de perfiles sin experiencia suficiente, situación que, afirmó, termina afectando directamente a la ciudadanía y al Estado de Derecho. El rezago en la resolución de expedientes es una de las primeras consecuencias visibles de esta política de cuotas.
Retorno a la evaluación técnica
Frente al escenario de crisis institucional, la nueva propuesta legislativa pretende incorporar mecanismos mínimos de control de calidad para las personas que aspiren a un puesto en la judicatura federal o local.
Campos García consideró positivo que la nueva propuesta contemple exámenes homologados y un comité evaluador único para verificar la capacidad y preparación de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial. Sin embargo, sostuvo que el aspecto pendiente sigue siendo restituir la autonomía judicial y retomar la carrera judicial como filtro principal del sistema de justicia.
