Tijuana, Baja California, 22 de mayo de 2026.- Una sentencia máxima de 60 años de prisión fue exigida por Claudia Janet Suárez, hermana de Samara Suárez, al arrancar formalmente el juicio oral por su feminicidio a las afueras de la Penitenciaría de La Mesa. La familiar de la víctima se identificó como la testigo principal del caso y demandó que este crimen no quede en la impunidad.
Declaraciones en el inicio del juicio oral
A las afueras del centro penitenciario ubicado en la delegación La Mesa, Claudia Janet Suárez relató que el proceso judicial ya comenzó formalmente en los juzgados locales. Explicó que, tras presentar su declaración ante el juez, continuarán compareciendo otros testigos clave que aportará la defensa y el Ministerio Público para respaldar firmemente la acusación contra el imputado.
“Soy quien presenció todo. Soy el testimonio más fuerte”, expresó la hermana de la víctima, quien ha encabezado las movilizaciones civiles en la ciudad para evitar que la carpeta de investigación fuera archivada por las autoridades locales.
El imputado rechazó un acuerdo previo
La hermana de la víctima recordó que, durante las etapas previas del proceso, al acusado se le había ofrecido una pena reducida de 32 años de cárcel mediante un procedimiento abreviado. Sin embargo, el individuo rechazó el acuerdo legal y se declaró inocente de los cargos, una decisión que prolongó el proceso judicial hasta llegar a la presente etapa de juicio oral.
“Lo que espero es que le den los 60 años”, afirmó Claudia Janet, al detallar las inconsistencias que detectó en el comportamiento del acusado tras la muerte de su hermana. Mencionó que los tiempos de sus versiones iniciales no coincidían con los hechos reales y que el sujeto fingía llanto para desviar la atención de los investigadores.
Amenazas y acompañamiento de colectivas locales
La joven activista reconoció que el camino hacia la justicia ha estado acompañado de altos niveles de presión y ansiedad para su familia. A pesar de los obstáculos en Tijuana, destacó el respaldo de diversas colectivas feministas de Baja California y la asesoría jurídica especializada que le han permitido continuar firmes en su exigencia ciudadana.
“Al inicio sentía que las autoridades chocaban con lo que nosotros buscábamos, pero ahorita ya me siento más tranquila y con más apoyo”, comentó. Asimismo, denunció haber recibido una llamada telefónica intimidatoria y amenazas de muerte cuando organizaba una protesta contra la Fiscalía General del Estado. “Me dijeron que me iban a matar. Yo colgué y mandé la captura a mi abogada”, explicó.
