Tijuana, Baja California, 22 de mayo de 2026.- Comerciantes de la zona de Otay Constituyentes manifestaron su rechazo al nuevo trazo del viaducto elevado de cuota en Tijuana, debido a que la construcción proyectada sobre su área de estacionamiento pone en riesgo de desaparición a 56 negocios locales y cerca de 300 empleos directos en la región.
El impacto en el corredor comercial de Otay
Durante una rueda de prensa, los afectados explicaron que el nuevo diseño de la vialidad elevada representa una amenaza directa para el corredor comercial fundado en 1975. La pérdida del área de estacionamiento afectaría drásticamente las operaciones de los comercios dedicados principalmente al sector gastronómico y de servicios en esta zona de la delegación Otay Centenario.
Rodolfo Toledo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la zona, calificó el impacto proyectado como irreversible para la economía del sector. “Imagínense una plancha de concreto sobre el estacionamiento; acabaría con la zona comercial”, expresó el líder de los locatarios establecidos.
Objeciones al cambio de trazo de la obra
Los inconformes aclararon que su postura no es en contra de la concesión del proyecto vial, sino de la modificación del trazo original que presuntamente no respeta el diseño aprobado de forma inicial por el Gobierno del Estado. De acuerdo con los locatarios, la planeación original contemplaba la conexión sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura del nodo vial con el bulevar Alberto Limón Padilla y la calzada Tecnológico, sin interferir con predios particulares.
La preocupación del sector aumentó tras detectar a personal técnico realizando excavaciones y mediciones sobre las banquetas y espacios continuos al centro comercial. Actualmente, las obras físicas se concentran en la rampa de subida hacia el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, bajo el esquema de una empresa privada encargada de operar la vialidad mediante peaje.
Argumentos técnicos y legales contra el proyecto
El cuerpo técnico y legal de los comerciantes argumentó que el ajuste en la obra contradice las disposiciones gubernamentales vigentes. El ingeniero y perito de obra, Víctor Manuel Cortés González, afirmó que el decreto de necesidad de obra pública determina que la supervía debe ejecutarse estrictamente sobre el bulevar Lázaro Cárdenas. “Ellos mismos están violando lo que está en su decreto”, declaró.
Por su parte, el abogado Adrián Ocampo confirmó el inicio de acciones jurídicas en defensa de los comercios establecidos, argumentando que cuentan con licencias y derechos adquiridos por décadas. “El decreto indica que el viaducto debe ir sobre vialidades públicas, sin afectar propiedad privada”, afirmó el litigante.
Impacto futuro para la población
Los locatarios adelantaron que mantendrán la vía legal ante los tribunales correspondientes para frenar los trabajos en el área comercial. En los próximos días se prevé que vecinos de áreas residenciales como Rinconada Otay y Otay Constituyentes formalicen su adhesión a las movilizaciones y recursos jurídicos, ante el temor de que la estructura de concreto genere problemas colaterales de indigencia y comercio informal en los entornos habitacionales.
