Tijuana, Baja California, 13 de mayo de 2026.- El Gobierno de Baja California y la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron una investigación en torno al centro de rehabilitación Jireth, vinculado al grupo “Patrulla Espiritual”, tras denuncias por la presunta privación ilegal de la libertad de una mujer trans. El caso fue analizado este miércoles durante la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en Mexicali, donde se enfatizó la obligatoriedad de que estos espacios operen bajo protocolos de salud y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Medidas cautelares y verificación de salud
Ante la alerta emitida por colectivos de la diversidad sexual, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió un expediente de oficio y emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud. Jorge Ochoa, presidente de la Comisión, informó que personal del organismo acudió a las instalaciones del centro acompañado por autoridades sanitarias para verificar el estado físico y emocional de la persona internada.
Aunque el visitador que entrevistó a la mujer reportó que ella manifestó encontrarse bien y ser respetada, la vigilancia persiste debido a quejas previas. Según Ochoa, semanas atrás recibieron el testimonio de otra persona que denunció haber sido víctima de violencia física dentro del mismo recinto, caso que ya se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público.
Supervisión a la “Patrulla Espiritual”
El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, reconoció que en el estado operan aproximadamente 350 centros de rehabilitación, de los cuales una parte lo hace de manera irregular. En el caso específico de los centros relacionados con la “Patrulla Espiritual”, el funcionario recordó que ya existen antecedentes de intervenciones en Tijuana, donde la reapertura de sus instalaciones fue condicionada al estricto cumplimiento de la norma oficial mexicana.
Por su parte, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez confirmó que se está determinando si el ingreso de la mujer al centro Jireth constituyó un delito. La fiscal subrayó que impedir el libre movimiento de un ciudadano es una falta grave, a menos que existan causas médicas o legales plenamente justificadas y documentadas por especialistas.
Seguimiento del caso y derechos humanos
La gobernadora Marina del Pilar condenó cualquier tipo de amenaza contra ciudadanos o periodistas que denuncian estas irregularidades y aseguró que no se tolerarán atropellos bajo el esquema de ayuda social. El gobierno estatal mantendrá inspecciones aleatorias en centros de tratamiento de adicciones para asegurar que cuenten con certificaciones vigentes.
Tras este anuncio, se espera que la Secretaría de Salud rinda un informe detallado sobre la situación legal del centro Jireth en Mexicali. El impacto futuro de estas acciones busca profesionalizar los centros de rehabilitación en todo el estado, eliminando prácticas coercitivas que vulneren la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad.
