Tijuana, Baja California, 12 de mayo de 2026.- Integrantes del Frente Ciudadano Amor, Dignidad y Lucha, junto a activistas de la diversidad sexual, se manifestaron frente al centro de rehabilitación conocido como “Patrulla Espiritual” para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos. Los manifestantes exigieron que los tratamientos contra las adicciones se realicen bajo un enfoque de salud mental profesional, abandonando prácticas de castigo que vulneran la dignidad de los internos, especialmente de aquellos pertenecientes a la comunidad LGBT.
Denuncias de humillación y terapias de conversión
La activista Elisa Sofía denunció públicamente que el centro habría retenido a una mujer trans, a quien presuntamente le cortaron el cabello en contra de su voluntad para imponerle una identidad masculina. Según la activista, este tipo de actos representan una humillación y discriminación directa, además de señalar que las terapias de conversión están estrictamente prohibidas y sancionadas por la ley vigente.
Amanda Rodríguez González, integrante del Frente Ciudadano Amor, Dignidad y Lucha, advirtió que muchos de estos espacios operan bajo discursos religiosos o moralistas que ignoran las obligaciones legales en materia de derechos humanos. “Los tratamientos para consumo problemático de sustancias deben dejar atrás esquemas de castigo y adoptar modelos de apoyo especializado y dignificación”, puntualizó Rodríguez durante la protesta.
Exposición en redes sociales bajo crítica
Otro punto de conflicto señalado por los activistas es la exposición pública de personas vulnerables para generar contenido en redes sociales. Criticaron que se utilice la situación de crisis de los internos para ganar visibilidad digital, lo cual revictimiza a quienes padecen una adicción. Karol, activista de la comunidad LGBT, subrayó que los discursos discriminatorios emitidos por estos centros ponen en mayor riesgo a la población trans y exigen capacitación obligatoria para los operadores de estos recintos.
Se espera que tras esta movilización, las autoridades de salud y derechos humanos realicen inspecciones en el sitio para verificar los protocolos de ingreso y tratamiento. La comunidad activista advirtió que dará seguimiento legal a los casos de retención forzada y discriminación por identidad de género detectados en este y otros centros de la ciudad.
