Tijuana, Baja California, 12 de mayo de 2026.- La operación de diversos centros de rehabilitación en la región, conocidos popularmente como anexos, está bajo la lupa legal debido a métodos que podrían configurar delitos graves. David Rincón, presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados, advirtió que el internamiento de personas sin su consentimiento explícito constituye una violación a los derechos fundamentales y podría derivar en cargos por privación ilegal de la libertad e incluso secuestro.
Internamientos sin consentimiento ciudadano
El especialista legal explicó que es común que familiares decidan el ingreso de una persona con problemas de adicción sin que esta otorgue su autorización. Según Rincón, este acto es ilegal independientemente de la intención de ayuda o rehabilitación. “Esa internación es ilegal y ahí se pudiera dar un delito que se llama privación ilegal de la libertad”, precisó el abogado durante su exposición sobre el marco normativo de estos centros.
Brigadas callejeras y detenciones arbitrarias
La problemática se extiende a las brigadas que operan en las calles de Tijuana. Según los reportes, estos grupos recorren diversas zonas para recoger a personas con aparentes problemas de consumo y trasladarlas a los centros por la fuerza. Al no existir un proceso legal ni la voluntad del individuo, estas acciones se tipifican como una privación directa de la libertad, lo que pone en riesgo jurídico tanto a los centros como a quienes ejecutan los traslados.
El riesgo de escalar al delito de secuestro
Uno de los puntos más críticos señalados por la Federación de Abogados es la solicitud de dinero bajo el concepto de “donaciones voluntarias” para permitir la liberación de los internos. David Rincón fue enfático al señalar que cuando estas cuotas se vuelven condicionantes para recuperar la libertad, la figura jurídica cambia drásticamente.
“Cuando esa donación se convierte en forzosa… ahí sí pudiéramos hablar de un posible delito de secuestro, porque el delito de secuestro es privar a alguien de su libertad y pedir dinero a cambio para soltarlo”, detalló Rincón.
Se espera que tras estas advertencias, las autoridades estatales refuercen la vigilancia en los centros de rehabilitación para asegurar que operen dentro del marco de la ley. El impacto futuro para la población radica en la depuración de estos espacios, garantizando que el tratamiento de adicciones no sea una fachada para actividades criminales o abusos de derechos humanos.
