Por Isabel Mendoza
Tijuana, 24 de abril de 2026.- La alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, y la diputada local Liliana Michel Sánchez, confirmaron el avance de una nueva Ley de Austeridad y Ahorro para Baja California. Esta iniciativa, alineada al denominado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer reglas claras en el manejo de recursos públicos para los ayuntamientos, el Gobierno del Estado y organismos autónomos.
Uno de los puntos centrales de esta reforma es la reducción de los cuerpos de cabildo. Al respecto, Rocío Adame señaló que se encuentran a la espera de los porcentajes poblacionales para ajustar el número de representantes.
“El tema del número, por ejemplo, de regidores se tendrá que revisar, sabemos que hay una medida ahí que la presidenta de la República marcó muy claramente entre que los máximos son 15”, explicó la primer edil, puntualizando que en Playas de Rosarito deberán atender estas observaciones rápidamente para que tengan validez antes del próximo proceso electoral.
Por su parte, la diputada Liliana Michel Sánchez informó que mientras se votaba el “Plan B”, presentó formalmente la Ley de Austeridad y Ahorro. Según la legisladora, esta medida busca que la austeridad pase de ser una “narrativa política” a un conjunto de reglas claras con sanciones y candados específicos. La ley contempla la creación de tabuladores de viáticos, planes de ahorro anuales y restricciones estrictas sobre el uso de vehículos de lujo, los cuales solo podrán ser utilitarios y funcionales.
La reforma también pone la lupa sobre el uso de escoltas, limitándolos estrictamente a funcionarios cuya naturaleza de actividad lo justifique. Sánchez destacó que se prohibirán los “festejos a cargo del erario” que solían ser prácticas comunes. En el caso del Congreso del Estado, ya se aplicó una reducción presupuestal de 52 millones de pesos, recursos que se proyecta reasignar a zonas con necesidades urgentes como San Quintín.
Rocío Adame enfatizó que el objetivo principal es que “la operatividad del municipio no sea afectado para que podamos adaptar el servicio necesario”. Se espera que en un periodo de uno a dos meses se socialice el análisis final de la ley con las autoridades municipales para que estas realicen sus propios ajustes internos bajo la nueva normativa estatal.
