Playas de Rosarito, Baja California, 11 de abril de 2026.- La alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, solicitó formalmente al Cabildo un reporte exhaustivo sobre las investigaciones y denuncias derivadas del proceso de entrega-recepción del 10.º Ayuntamiento. Esta medida busca esclarecer las irregularidades administrativas detectadas en diversas secretarías tras el relevo de la administración saliente en la Zona Centro y las delegaciones municipales.
Estado de los expedientes administrativos
Durante la reciente sesión de Cabildo, la presidenta municipal subrayó que es imperativo conocer el estado procesal que guardan los expedientes de investigación actuales. La solicitud no solo contempla las posibles sanciones de carácter administrativo, sino también el seguimiento a las denuncias penales que se hayan derivado de las observaciones realizadas por los nuevos titulares de las dependencias locales.
La mandataria estatal enfatizó que el acceso a esta información es un derecho tanto para el cuerpo de regidores como para la población en general. Adame detalló la importancia de este proceso para la salud financiera del municipio: “Es una obligación… para que de manera pública, también la ciudadanía esté enterada de qué es lo que nosotros recibimos y lo que se ha solventado”, declaró ante el pleno.
Vigilancia del patrimonio municipal
El objetivo central de esta fiscalización es determinar con precisión si existieron desvíos de recursos o faltas graves que pudieran comprometer el patrimonio de los habitantes de Playas de Rosarito. Los actuales directores y secretarios han trabajado en la identificación de inconsistencias desde el inicio del periodo gubernamental, y este informe consolidará dichos hallazgos para su análisis legal.
Con esta acción, se pretende que no existan dudas sobre la gestión de los recursos públicos durante la transición entre el noveno y el décimo ayuntamiento, asegurando que cualquier anomalía sea sancionada conforme a la ley vigente en Baja California.
Cumplimiento ante el Congreso Local
Una vez que el informe sea presentado y analizado por el Cabildo, el documento será remitido al Congreso del Estado de Baja California. Este paso es fundamental para acreditar que el municipio cumple estrictamente con los plazos legales, los cuales otorgan un periodo de seis meses para reportar formalmente las condiciones en las que se recibió la administración pública.
En las próximas semanas se espera la presentación de los expedientes concluidos, lo que definirá si se procederá con inhabilitaciones de exfuncionarios o si se iniciarán procesos penales adicionales.
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