Tijuana, Baja California, 10 de abril de 2026.- El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, acudió este viernes a realizarse el examen toxicológico obligatorio, como parte de los protocolos de transparencia y rendición de cuentas del XXV Ayuntamiento. La medida, coordinada por la Sindicatura Procuradora, busca garantizar que los servidores públicos cumplan con sus funciones bajo estándares de ética y responsabilidad ciudadana.
Compromiso con la confianza ciudadana
Tras completar el proceso de evaluación, el primer edil subrayó que esta acción es fundamental para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la población. Burgueño Ruiz explicó que someterse a estas pruebas no es solo una obligación normativa, sino un acto de congruencia con su política de honestidad y gobierno abierto.
“Estamos cumpliendo con nuestra obligación como funcionario responsable para dar confianza en la ciudadanía. Exhorto a los funcionarios públicos a atender el llamado de la Sindicatura Procuradora, para realizarse este tipo de exámenes”, destacó el alcalde durante la jornada.
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Operativos sorpresivos en el Ayuntamiento
La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, detalló que la aplicación de los exámenes se realiza de manera sorpresiva. En esta segunda etapa, el personal adscrito a la Presidencia Municipal y a la Secretaría de Gobierno fue convocado el mismo día de la prueba, asegurando la integridad de los resultados y el cumplimiento de los protocolos de control interno.
Avances en la evaluación del personal
Según informó la Sindicatura, en una primera jornada se evaluaron a aproximadamente 220 colaboradores pertenecientes a la Consejería Jurídica y al cuerpo de Regidores. Con la integración de las áreas de Presidencia y Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento busca consolidar una cultura de profesionalismo y credibilidad institucional en todas sus dependencias.
Impacto en la administración pública
Se espera que este tipo de evaluaciones se mantengan de forma periódica durante toda la administración del XXV Ayuntamiento. La meta principal es asegurar que el servicio público sea desempeñado por personas íntegras, minimizando riesgos operativos y reforzando la imagen de las instituciones frente a los retos de la ciudad.
