Tijuana, Baja California, 7 de abril de 2026.- Residentes de las zonas de San Antonio y Santa Fe denunciaron este martes un presunto fraude masivo en la compra de terrenos que podría estar vinculado a un esquema de delincuencia organizada. La incertidumbre afecta a cientos de familias que, tras invertir miles de dólares en predios, descubrieron que la inmobiliaria “Brisas de Santa Fe” tiene sus oficinas clausuradas y carece de documentación legal que acredite la propiedad de la tierra.
Manifestación ante oficinas clausuradas
Un grupo de afectados se manifestó en las instalaciones de la inmobiliaria, ubicadas en la avenida José Clemente Orozco y el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada. Según Miguel Ángel Aguilar González, representante de los colonos, acudieron al sitio con la promesa de ser atendidos; sin embargo, el inmueble permanece cerrado y con sellos de clausura desde el pasado 2 de abril, dejando a los compradores sin posibilidad de renovar contratos o recibir aclaraciones.
El costo del patrimonio en riesgo
Los inconformes detallaron que las operaciones de compra incluían un pago inicial cercano a los 28 mil dólares, seguidos de mensualidades de 200 dólares. A pesar de haber cumplido con estos pagos, hoy carecen de certeza jurídica. Las autoridades han advertido sobre la existencia de una carpeta de investigación por fraude, señalando que no existen registros de estos ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni títulos de propiedad válidos.
Nexos con el “cártel inmobiliario”
La preocupación de los residentes aumentó tras la reciente detención de un abogado señalado como presunto líder de un “cártel inmobiliario” en la región. De acuerdo con los testimonios, este esquema irregular de comercialización de predios podría estar operado por la misma estructura criminal. “Existe incertidumbre debido a que una persona se ostenta como propietario, mientras las autoridades señalan que no hay documentos que lo avalen”, indicó Aguilar González.
Impacto en la comunidad local
Se estima que alrededor de 400 familias se encuentran en esta situación vulnerable, muchas de ellas con más de cuatro años habitando en la zona. Las denuncias formales fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 6 de abril. Los afectados exigen una intervención directa de las autoridades para garantizar que no serán desalojados y que se castigue a los responsables de este desfalco patrimonial en el sur de Tijuana.
