Tijuana, Baja California, 30 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a personas en situación de movilidad denunciaron que el accidente donde fallecieron dos migrantes bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) dejó al descubierto graves deficiencias institucionales. Activistas señalan que este suceso, ocurrido en Baja California, es el resultado de una política migratoria que carece de protocolos de seguridad básicos y lineamientos claros para proteger la integridad de quienes transitan por la región.
Documentan irregularidades en traslados
Karolina Fharrera, directora general de la organización Alma Migrante, expuso que una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) logró documentar que los traslados se realizaban sin las garantías mínimas de seguridad. El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando un grupo de personas originarias de Colombia, Ecuador y Guatemala fueron detenidas en el aeropuerto de Mexicali y trasladadas bajo condiciones que la organización califica como irregulares.
Accidente por conducción imprudente
Durante dicho traslado, el vehículo oficial del INM sufrió un percance vial que fue atribuido directamente al exceso de velocidad y a una conducción imprudente por parte del personal federal. El saldo de este incidente fue de nueve personas lesionadas y dos víctimas fatales. Para las organizaciones civiles, este hecho no fue un evento aislado, sino que “refleja problemas estructurales” dentro de la operatividad de las autoridades migratorias en el estado.
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Determinación de la CNDH y falta de legalidad
La CNDH determinó en sus investigaciones que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas derivaron de omisiones sistemáticas y una notable falta de legalidad en los procedimientos administrativos. Las organizaciones advirtieron que el caso exhibe la fragilidad de los protocolos actuales, los cuales no garantizan la seguridad de los migrantes durante su custodia, exponiéndolos a riesgos prevenibles en las carreteras de la entidad.
Impacto futuro para la política migratoria
El seguimiento de esta denuncia busca que se implementen de forma urgente lineamientos claros y obligatorios para todo el personal del INM en Baja California y el resto del país. Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Tijuana y Mexicali exigen que la justicia no se limite a la reparación del daño, sino a una reforma profunda en la manera en que se gestionan los traslados para evitar que más vidas se pierdan bajo la responsabilidad del Estado mexicano.
