Tijuana, Baja California, 30 de marzo de 2026.- El Gobierno del Estado de Baja California determinó que no es procedente una compensación colectiva para los usuarios afectados por los recientes cortes de agua en Tijuana y Playas de Rosarito. Tras un análisis jurídico, las autoridades estatales concluyeron que las suspensiones del servicio no configuran una responsabilidad civil indemnizable, ya que formaron parte de trabajos de mantenimiento técnico que fueron anunciados previamente a la ciudadanía.
Análisis jurídico del conflicto
Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno, informó que se realizó una revisión exhaustiva con abogados del Colegio Emilio Rabasa para evaluar la viabilidad legal de la propuesta de indemnización presentada por grupos de ciudadanos inconformes. El funcionario explicó que, desde la perspectiva legal, las interrupciones corresponden a acciones programadas por los organismos operadores, lo que impide que se establezca un daño generalizado que deba ser cubierto por el erario.
Postura de los organismos operadores
El secretario reconoció que las suspensiones afectan de manera recurrente a diversas colonias de la región; sin embargo, precisó que estas operaciones forman parte de los programas permanentes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Al tratarse de maniobras técnicas necesarias para la operatividad de la red hidráulica, el marco jurídico actual no contempla esquemas de compensación automática por la falta temporal del suministro en las zonas afectadas.
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Alternativas para el usuario
Como alternativa vigente para quienes consideran que su recibo no refleja el consumo real debido a la falta de agua, Álvarez Cárdenas recordó que los usuarios mantienen su derecho a presentar reclamaciones de forma individual. Actualmente operan ventanillas de atención donde se analizan cobros o consumos irregulares caso por caso, permitiendo ajustes específicos cuando se comprueben fallas administrativas o técnicas en la medición.
Impacto futuro y colaboración
Pese a la negativa inicial, el Gobierno del Estado acordó colaborar con el Colegio de Abogados Emilio Rabasa para explorar nuevos mecanismos legales. El objetivo es estudiar la posibilidad de establecer en el futuro esquemas de responsabilidad en los servicios públicos que brinden mayor certeza a la población. Por ahora, el seguimiento del tema se mantendrá en el ámbito de las aclaraciones individuales mientras continúan los trabajos de infraestructura en la ciudad.
