Tijuana, 25 de enero de 2026.— La iniciativa impulsada por el Colegio de Abogados Emilio Rabasa para analizar la indemnización a ciudadanos afectados por un corte de agua que se prolongó más de lo anunciado abrió el debate sobre la necesidad de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
De acuerdo con el planteamiento, las fallas en servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable, generan afectaciones económicas directas a las familias, lo que justificaría la creación de mecanismos legales que permitan exigir la reparación del daño.
El juez de control en materia penal, José Rivas, calificó como positiva la propuesta y consideró jurídicamente viable fincar responsabilidad al Estado por omisiones que deriven en perjuicios para la población.
Explicó que este tipo de esquemas no se limitaría a interrupciones en el servicio de agua, sino que también podría aplicarse a casos como accidentes provocados por baches u otras deficiencias en infraestructura pública, aunque reconoció que se trata de legislaciones poco difundidas por implicar exigencias directas a la autoridad.
En el análisis presentado por el colegio se estimó un monto cercano a los 900 pesos por ciudadano, considerando los días sin servicio y el derecho humano al acceso al agua reconocido tanto en la Constitución como por la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, se recordó que existen precedentes en el Estado de México, donde colonias promovieron un amparo colectivo y lograron que se ordenara el suministro gratuito de agua, lo que refuerza la discusión sobre legislar para proteger a las familias ante fallas prolongadas en servicios básicos.
