Tijuana, Baja California, 13 de julio de 2026.- El Colegio de Abogados y Profesionistas de Baja California emitió una alerta generalizada ante la proliferación de supuestas firmas y asesorías que engañan a la ciudadanía ofreciendo trámites de jubilación mediante esquemas ilegales. La advertencia busca evitar que los trabajadores locales sean víctimas de delitos patrimoniales.
Detección de 55 mil afiliaciones fraudulentas en el país
La magnitud de esta problemática escaló a nivel federal tras confirmarse que las auditorías internas de las instituciones correspondientes descubrieron miles de registros respaldados por documentación falsa. De acuerdo con los datos recopilados por los especialistas del derecho en la entidad, recientemente se detectaron alrededor de 55 mil trabajadores afiliados de manera fraudulenta a nivel nacional, lo que evidencia la magnitud que ha alcanzado este tipo de engaños. Esta cifra pone de manifiesto la urgencia de establecer filtros rigurosos de supervisión digital en los sectores productivos regionales.
Operación en redes sociales con promesas de altas sumas
La mecánica del engaño se concentra de forma masiva en plataformas digitales, donde se pautan anuncios atractivos dirigidos a personas en edad de retiro que carecen del historial laboral requerido. Los defraudadores prometen gestionar mensualmente sumas de hasta 70 mil pesos mediante la supuesta simulación de relaciones de trabajo en corporaciones corporativas inexistentes. La presidenta de la organización civil, Mirna Cosío Hernández, recordó de forma tajante que las semanas cotizadas no se compran ni las pensiones se venden.
Impacto en el patrimonio y riesgo legal para trabajadores
La contratación de estas gestorías informales no solo representa la pérdida inmediata del dinero entregado como anticipo por los afectados, sino que arrastra consecuencias jurídicas severas ante las autoridades judiciales. Al detectarse las anomalías del historial simulado, el instituto de seguridad social procede a la cancelación definitiva del trámite de jubilación, abriendo la posibilidad de fincar responsabilidades penales contra el solicitante por falsedad de declaraciones. Los litigantes sugieren acudir de manera directa a los canales oficiales o verificar la idoneidad del consultor ante la Profeco antes de desembolsar cualquier recurso.
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