Tijuana, Baja California, 23 de junio de 2026.- La oposición jurídica de los usuarios de telefonía móvil frente a la entrega obligatoria de registros biológicos modificó los mapas procesales de la frontera, acumulándose la gran mayoría de los amparos en juzgados de CDMX en lugar de interponerse ante las delegaciones del Poder Judicial en el estado.
Francisco Caballero Green, juez de Distrito del Juzgado Décimo Tercero en Baja California, dio a conocer que las demandas presentadas contra la obligación de registrar datos biométricos para líneas telefónicas han sido menos de las que se anticipaban cuando se anunció la medida, confirmando que en el tribunal a su cargo no existe actualmente ninguna demanda relacionada con esta disposición federal.
Centralización judicial en la capital del país
El funcionario judicial precisó que la concentración del litigio responde a la naturaleza de los juzgados especializados que operan en la capital mexicana. Explicó que, por la información disponible, la mayoría de los recursos legales se han concentrado en juzgados especializados en materia administrativa ubicados en la Ciudad de México, lo que permite centralizar las resoluciones sobre la suspensión provisional de las líneas telefónicas afectadas.
La privacidad personal sobrepasa las quejas de espionaje
A diferencia de los discursos sobre control gubernamental, la preocupación de la ciudadanía fronteriza y nacional gira en torno a la seguridad informática de los servidores de almacenamiento comercial. Señaló que entre las principales inquietudes de quienes han promovido amparos destaca la preocupación por el manejo de información personal sensible y el destino que pudiera tener una base de datos de ese tipo.
Temor por la comercialización ilegal de la identidad digital
La vulnerabilidad ante un posible mercado negro de datos biométricos reactivó las alarmas de los usuarios que han recurrido a la protección federal. Indicó que existe temor de que los datos biométricos puedan quedar expuestos o ser utilizados por personas, empresas o instituciones que no deberían tener acceso a esa información privada. Añadió que, por los asuntos que ha conocido de manera indirecta, los reclamos ciudadanos se enfocan principalmente en la protección de datos personales y no necesariamente en preocupaciones relacionadas con vigilancia o espionaje.
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